El Colegio de Abogados de Madrid ficha a ex altos cargos de la judicatura vinculados al PP para la universidad que Ayuso le ha autorizado

ICAM Universidad, el nuevo centro universitario promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), al que el gobierno de Ayuso dio luz verde en pleno juicio contra el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al tiempo que este colegio defendía los intereses de su pareja, Alberto González Amador, ha contratado a todo un elenco de personalidades relevantes del mundo de la judicatura vinculadas al Partido Popular para comenzar a impartir la titulación de grado en Derecho como centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de que actualmente la orden de la Comunidad de Madrid para autorizar este centro tiene dos recursos presentados en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia madrileño, de la Abogacía del Estado y del PSOE de Madrid, y de que el nuevo centro universitario aún no cuenta con la autorización del gobierno regional para impartir enseñanzas de grado y posgrado oficiales, ICAM Universidad sigue avanzando en su proceso para ser el primer colegio profesional de España que se convierte en universidad.

Desde el primer año de carrera, los estudiantes contarán con profesores y profesoras como Pedro González Trevijano, catedrático, presidente emérito del Tribunal Constitucional y ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). González Trevijano fue nombrado magistrado del tribunal de garantías en 2013 a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy. Ha colaborado con la Fundación FAES y fue rector de la URJC en la época de los escándalos con los másteres del Instituto de Derecho Público de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. En esa época también organizó varios actos junto a José María Aznar o el cardenal Antonio Cañizares.

En el claustro de ICAM Universidad figura también Encarnación Roca Trías, catedrática y magistrada emérita del Tribunal Supremo y del Constitucional. Fue elegida magistrada del tribunal de garantías a propuesta del parlamento catalán aunque a lo largo de su carrera se ha ido alineando cada vez más con el sector conservador. Junto a González Trevijano, Encarnación Roca fue una de las seis magistradas que se opuso al confinamiento del primer estado de alarma. Roca ha validado todas las decisiones del Constitucional contra el procés catalán y fue la ponente de la sentencia que levantó la prohibición de la celebración de toros en Catalunya con el argumento de que se trata de una “manifestación de arraigada tradición cultural”. Estos posicionamientos la alejaron cada vez más de sus compañeros progresistas hasta el punto de que se negaron a votarla como presidenta del TC en 2017.

La fiscal Consuelo Madrigal, de tendencia conservadora, también ha sido fichada por la nueva universidad del Colegio de la Abogacía de Madrid. Fue nombrada fiscal general del estado por el PP, con Rafael Catalá como Ministro de Justicia. No ha ocultado en los últimos años sus encuentros con la cúpula del PP, con Alberto Núñez Feijoo, entre otros, y sus críticas a las injerencias políticas del gobierno de Pedro Sánchez en la Fiscalía. De hecho manifestó públicamente que el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, debería haber dimitido meses antes de la condena que le impuso el Tribunal Supremo.

El predecesor de Madrigal al frente de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también se encuentra en el elenco de profesores de ICAM Universidad. Llegó al máximo escalafón en el ministerio público con el PP, con el entonces ministro Ruiz Gallardón, pero sus desavenencias con el ejecutivo le llevaron a presentar su dimisión. Cercano al Opus Dei, se jubiló en 2020 como fiscal de sala aunque ha seguido vinculado a algún despacho de abogados.

El director de ICAM Universidad, el catedrático Ricardo Alonso, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, está pilotando estas contrataciones bajo la tutela del decano del Colegio, Eugenio Ribón, a pesar de que todavía el nuevo centro tiene que conseguir la autorización de la Comunidad de Madrid para impartir las enseñanzas oficiales que tiene previsto comenzar a ofrecer en el curso 2026/2027. A día de hoy, ninguna universidad española, ni pública ni privada, tiene un plantel tan nutrido de juristas entre su profesorado de Derecho. Apenas un puñado de universidades han contado con antiguos magistrados del Constitucional y/o fiscales de reconocido prestigio en sus aulas, como es el caso de Elisa Pérez Vera, que fue la primera rectora de la UNED; el catedrático y profesor de la UCM Francisco Pérez de los Cobos que fue presidente del Constitucional o Manuel Jiménez de Parga, expresidente del Tribunal Constitucional y ex rector de la Universidad de Barcelona. A día de hoy, la catedrática María Emilia Casas, presidenta emérita del TC, es profesora emérita de la Complutense. Casas acaba de fichar también por el ICAM: presidirá el Consejo Asesor del Centro Universitario.

Malestar de los colegiados

Hay mucho malestar por estas contrataciones en la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA). "El ICAM es ya un foro de retiro de magistrados, fiscales y personas vinculadas al PP desde hace años, especialmente desde la toma de posesión de Ribón que no ha dudado en contratar para puestos de responsabilidad a personas que han trabajo para la Comunidad de Madrid con el gobierno de Ayuso o a personas que han formado parte de esa formación política", explica a la SER María Andrés Rodríguez, portavoz de ALA. Esta asociación de colegiadas y colegiados lamenta la falta de transparencia de la que está haciendo gala el ICAM y su nuevo centro universitario. "No sabemos quién ni cómo ha decidido contratar a estos profesores", asegura esta portavoz, "el ICAM anuncia cargos de responsabilidad y docentes que apuntan a una falta de neutralidad evidente".

Según ALA, ya es habitual que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid conceda medallas y reconocimientos a personas que se han posicionado públicamente contrarias a las políticas del gobierno actual. "No deja de ser curioso que de la plantilla de docentes anunciada todos o la gran mayoría fueran contrarios a la ley de amnistía, antes incluso de que la norma tuviera un texto", denuncian estos letrados.

Hace unos días la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Defiéndete en Derecho enviaron al decano del ICAM una carta pidiéndole que convoque una asamblea extraordinaria para debatir el papel del ICAM como "sumiso a intereses partidistas" del PP por su papel en el caso del ex fiscal general del Estado, en el que se personó como acusación popular. En caso contrario, ambas asociaciones advierten de que presentarán una moción de censura.