El pacto con Podemos para la regularización de migrantes abre una vía para que el Gobierno retome el diálogo con Junts

Madrid

De manera discreta y fuera del foco, el PSOE va desenredando la madeja en la que se ha convertido la relación con los socios parlamentarios y de coalición en los últimos meses. Sánchez acabó el año acorralado políticamente por la acumulación de escándalos relacionados con la corrupción y con las denuncias de acoso sexual que afectaban a dirigentes de su partido.

Grupos como Esquerra, PNV o incluso Sumar empezaron a advertir entonces de los síntomas de agotamiento que mostraba la legislatura por la falta de reacción del Ejecutivo a esa concatenación de crisis. Sin el apoyo de Junts o Podemos y con las dudas crecientes de los aliados más fieles, en el PSOE se encendieron las alarmas por la pérdida de la mayoría que respaldó la investidura.

La situación obligó a Sánchez a redoblar los esfuerzos para tratar de recuperar la confianza de sus socios. Ese fue el compromiso que expresó en su última rueda de prensa del año, el de demostrar a los grupos que el suyo era un gobierno que cumple.

En ese contexto, los socialistas arrancaron el año anunciando un acuerdo con Esquerra en materia de financiación autonómica -que a la espera de conocer los efectos políticos del caos ferroviario en Cataluña- amarra a los de Oriol Junqueras, cuyo apoyo es imprescindible para los socialistas tanto en el Congreso, como en el Parlament.

A mediados de mes, el Gobierno central y el vasco cerraron cinco nuevas transferencias pendientes para Euskadi, que sirvieron para consolidar la alianza con el PNV. Este martes, Sánchez solemniza ese pacto con una reunión con el Lehendakari en La Moncloa.

Regularización extraordinaria de migrantes

Pero de todos los pasos que poco a poco ha ido dando el Gobierno, el más relevante políticamente hablando se produjo en la tarde de este lunes, cuando tal y como avanzó la Cadena SER, Podemos y el PSOE anunciaron un pacto para aprobar una regulación extraordinaria de migrantes que ya viven en España.

Una reforma del reglamento de Extranjería, que no necesitará del aval del Congreso, y que además de garantizar derechos para medio millón de personas, supone un avance en términos de estabilidad para la coalición.

Los morados llevaban más de un año situándose en la oposición al Ejecutivo. Los de Belarra y Montero habían dado por rota la relación con los socialistas ante la falta de avances en la agenda social y por su posición en asuntos como las relaciones con Israel o el incremento del gasto en Defensa.

Sin embargo, tal y como reconoció anoche en Hora 25 la secretaria general de Podemos, las conversaciones para aprobar la regularización extraordinaria de personas migrantes ha permitido "generar un clima de confianza", que hace mucho tiempo que no existía entre ambos partidos.

Ione Belarra se esforzó en desvincular este pacto de una hipotética negociación presupuestaria, dejó claro que "no tiene nada que ver", pero al mismo tiempo reconoció un acercamiento de posturas que el PSOE va a aprovechar para intentar al menos abrir el diálogo sobre la aprobación de las cuentas que llevan prorrogadas desde 2023.

Paso clave para Junts

En ese camino hacia la negociación de los Presupuestos Generales, que la vicepresidenta María Jesús Montero tiene preparados a la espera de abonar definitivamente el terreno para aterrizar la negociación, aún queda por retirar el mayor obstáculo, el bloqueo de Junts.

Sin embargo, el acuerdo con Podemos da al Gobierno una nueva esperanza para retomar el diálogo con los de Puigdemont, que desde el mes de octubre mantienen suspendidas las negociaciones con el PSOE por la falta de avances en los compromisos pendientes. Los independentistas dan por roto el pacto de Bruselas a la espera de que la coalición cumpla con lo pactado anteriormente.

En esa lista de incumplimientos destaca, además de la oficialidad del catalán en Europa o el despliegue de la ley de amnistía, la aprobación de la delegación de competencias en materia migratoria, que los socialistas pactaron con Junts en marzo de 2024 pero que el Congreso tumbó en septiembre del 2025 al sumarse Podemos al voto en contra de PP y Vox entre acusaciones de racismo hacia los independentistas.

Ione Belarra pidió entonces a los de Puigdemont que para dar su voto a favor de la delegación competencial apoyaran primero la regularización masiva de migrantes que permanecía bloqueada por falta de apoyos.

Sortear el veto cruzado

El Gobierno lleva meses buscando la manera de sortear ese veto cruzado entre Podemos y Junts, que finalmente no tendrá que apoyar la reforma del reglamento de extranjería, porque se hará vía Real Decreto, eludiendo la ratificación parlamentaria.

Cumplidas las expectativas de los morados, el Ejecutivo confía en que ahora sea mas sencillo cumplir también con los independentistas. De hecho, Ione Belarra abrió ayer la puerta a retomar el debate sobre la delegación de competencias en inmigración.

"Siempre hemos estado abiertas a ello", dijo este lunes en Hora 25. "No podía ser que lo primero en la agenda migratoria fuera la delegación de competencias a Cataluña mientras que la regularización estaba metida en un cajón", dijo al ser preguntada sobre si el pacto con Podemos facilita el desbloqueo del acuerdo pendiente con Junts.

Negociaciones con Sumar sobre vivienda

La aprobación este martes de esa regularización extraordinaria de inmigrantes, que el PSOE ha concedido a Podemos, vuelve a dejar fuera de juego a Sumar, con quien los morados libran una batalla electoral por el liderazgo de la izquierda no socialista.

Los de Díaz llevan meses pidiendo a su socio mayoritario alguna concesión que les permita tomar algo de oxígeno, en medio del cuestionamiento sobre el liderazgo interno de Díaz y los malos resultados que le auguran la mayoría de las encuestas a nivel autonómico y nacional.

Los equipos de Sumar y PSOE negocian para intentar llegar a un acuerdo sobre el decreto con el que se pretende evitar la subida de los precios de los contratos de alquiler cuya vigencia vence este año 2026.

Sánchez anunció unas bonificaciones fiscales para los caseros que opten por mantener las rentas. Sumar sin embargo pide mantener la congelación de precios que ha estado en vigor hasta diciembre, algo que el ala socialista considera que sería inconstitucional. Las fuentes consultadas esperan poder resolver el choque próximamente anunciando la aprobación de un decreto que recoja una postura común.