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¿Qué pasa si tu tren se cancela? El caso Adamuz revela el vacío legal de la norma europea que deja al viajero desprotegido

Facua alerta de que la ley europea apenas da margen al viajero cuando se cancela un tren y no se ofrecen alternativas claras para llegar al destino

Precios disparados tras la tragedia

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El accidente ferroviario de Adamuz ha vuelto a evidenciar los fallos del sistema de protección al consumidor en situaciones de emergencia. Según denuncia Facua, la normativa europea deja al viajero con muy pocos derechos cuando se producen cancelaciones masivas y no se ofrecen alternativas claras.

"La ley deja muy limitado qué transporte alternativo tiene que pagarte la compañía cuando se cancela un tren", explica Rubén Sánchez, secretario general de Facua, en el programa Código de barras de la Cadena SER. En la práctica, esa protección es mínima. "El reglamento europeo solo obliga a ofrecer un autobús como alternativa", señala. "No tienen que pagarte la gasolina si decides ir en coche, ni compartir vehículo, ni un coche de alquiler. Más allá de eso, solo te devuelven el importe del billete".

El problema, advierte, es que esta norma ya no se ajusta a la realidad actual. "Hace años el autobús siempre era más barato que el tren, pero ahora no", explica. "Hay casos en los que has comprado un billete por 15 o 20 euros y el autobús cuesta el doble". Aun así, el viajero debe pedir autorización a la compañía ferroviaria para que le paguen ese transporte alternativo. "Y si no te contestan, tienes que esperar hasta 100 minutos desde la hora de salida del tren si no te han ubicado en ese transporte alternativo", añade. "Eso significa perder todavía más tiempo, incluso cuando ya sabes que el tren está cancelado’".

Pero el caso Adamuz también ha servido para poner el foco en otro problema más amplio: los abusos de precios en situaciones de emergencia. "Hubo buena intención en la ley para evitar subidas de precios abusivas, pero se quedó corta", explica Sánchez.

Según Facua, la normativa actual solo actúa en casos muy concretos. "Solo se limita la subida de precios en ventas online con precios automatizados y cuando hay una emergencia oficial", resume. "Eso deja fuera muchos abusos que también se producen en la vida real".

Como ejemplo, Sánchez cita los alquileres de coches. "Si vas a un concesionario y hay una cola de gente esperando, el comercial puede decidir multiplicar el precio por diez. Eso hoy no está suficientemente regulado", denuncia. Para Facua, la ley debería proteger al consumidor también en ventas presenciales y no solo en internet.

"Cuando hay una emergencia y aumenta la demanda de un producto o servicio, el consumidor está en una situación de vulnerabilidad y la ley debería actuar", concluye Sánchez.

 

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