Feijóo se une a la ultraderecha y acusa a Sánchez de alterar el censo al regular a inmigrantes pese a que aún no pueden votar

Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha desaprovechado la última oportunidad de aliarse con el discurso antiinmigración de la ultraderecha para cargar contra el Gobierno, tras el anuncio de la regularización de cerca de medio millón de migrantes en situación administrativa irregular en España.

Feijóo ha advertido a Sánchez de que "no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas".

Estas declaraciones van en la misma línea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también ha criticado el acuerdo del Ejecutivo con Podemos para regularizar a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular con varios requisitos, entre ellos acreditar que llevan en España al menos cinco meses.

"Se está haciendo con fines electoralistas sin ningún rigor", ha denunciado Ayuso. "Esto es sencillamente una trampa para provocar, que puede alterar el censo electoral y que responde a los socios de la parte de Podemos".

La misma tesis que ha utilizado el presidente de Vox, Santiago Abascal. La ultraderecha rechaza la regularización y la vincula con una estrategia orientada a compensar lo que llaman pérdida de apoyo electoral del PSOE.

Del discurso de la ultraderecha a la realidad

Lo único cierto de todo esto es que los migrantes regularizados no podrán votar en las elecciones porque, para hacerlo en autonómicas y generales, hay que tener la nacionalidad española y esta medida del Gobierno no la otorga. Lo único que permite es obtener el permiso de residencia en España.

En las elecciones municipales, la situación es un poco diferente. Para poder votar, los migrantes con residencia legal tienen que:

• Haber vivido ininterrumpidamente en España al menos cinco años.
• Tener convenio de reciprocidad con el respectivo país de origen.
• Estar empadronado en el municipio en cuestión e inscritos en su censo.
• Haber declarado la intención de votar en las elecciones municipales.

En las elecciones de 2023, los países que habían firmado con España un acuerdo de reciprocidad de voto en los comicios locales eran: Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Y en todo caso, en las siguientes elecciones municipales, las de 2027, ni siquiera esos casos podrán votar porque la ley dice que, como mínimo, tienen que haber residido en España entre tres y cinco años de forma legal.