Los menores víctimas de abusos sexuales en internet, atrapados en procesos judiciales de más de 3 años

Save The Children ha analizado una veintena de sentencias con víctimas de violencia sexual online menores de edad. Y los datos son alarmantes. Más de la mitad de los procesos judiciales, el 61%, duraron tres años o más, mientras que 1 de cada 5 superó los cinco años de duración. La mayoría de las víctimas son exploradas durante la instrucción por el juez de primera instancia, pero también por la fiscalía y la policía. Esto pasa en el 65% de los casos. "Desde Save The Children nos preocupa especialmente la duración de los procesos judiciales, se alargan más de tres años y las víctimas tienen que prestar declaración en varias ocasiones, llegando a tener que relatar la violencia sufrida hasta tres veces antes del juicio, esto supone un fuerte riesgo de revictimización", asegura Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de esta ONG.

Las denuncias por esta violencia sexual han aumentado un 13% en los dos últimos años. La mayoría de las víctimas, según este estudio de Save The Children, son niñas de 13 años. Es así en el 60,7% de los casos lo que confirma la predominancia de víctimas femeninas, pero en una diferencia menor entre niños y niñas que en el abuso físico.

Respecto del perfil de la persona agresora, en todas las sentencias analizadas por esta ONG el agresor era un hombre. El 33,3 % era una persona desconocida. "En dos de cada tres casos hablamos de una persona conocida por la victima, y en uno de cada cuatro esta persona pertenece a su entorno familiar", asegura Perazzo, lo que según Save The Children confirma que los agresores en los entornos digitales son siempre personas conocidas. En el 78% de los casos, las personas involucradas no tienen antecedentes penales, mientras que en el 8% de las sentencias no consta esta información. En casi la mitad de los casos (43,7%) es la madre de la víctima quien interpone la denuncia ante las autoridades, manteniendo la tendencia de la madre como principal denunciante en estos casos. Sin embargo, se observa un porcentaje significativo de denuncias que proviene directamente de la víctima (37,5 %). El padre aparece como denunciante en el 12,5 % de los casos.

De los procesos judiciales analizados por Save The Children, el 65% acabó en condena, lo que supone un descenso significativo respecto al 96,7% de condenas en 2021-2022. Las absoluciones se deben principalmente a que no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal y, en otros casos, la falta de pruebas. En el 71,4 % de los casos en los que se impuso pena de prisión, la duración de la pena fue de más de 3 años. Las penas de prisión de entre 1 y 2 años constituyen el 14,3 %. La pena accesoria de inhabilitación para trabajar en profesiones o cargos que requieran contacto con menores de edad se aplica en la mayoría de casos, pero todavía hay sentencias que no la incluyen, pese a ser de obligada aplicación tras la modificación del Código Penal introducida por la LOPIVI.

Ante este escenario, Save the Children apuesta por extender el modelo Barnahus (“casa de los niños” en islandés) a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital. Este modelo permite una respuesta integral, especializada e institucional, reduciendo la victimización secundaria. Actualmente, la organización acompaña la implementación y el desarrollo del modelo Barnahus en distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, Baleares, Euskadi, Navarra y Catalunya.