Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, tras la polémica por la adjudicación de cuatro viviendas de protección oficial

La concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado en la tarde de este viernes que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

La concejala ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad.

Se trata de la segunda dimisión en las últimas horas tras la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, cuyos dos hijos y sobrino también habían sido beneficiados de estas viviendas de protección pública.

Este viernes, el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia sin opción a preguntas, ha echado balones fuera y ha trasladado la responsabilidad a la Conselleria de Vivienda. Además, ha anunciado que va pedir a la Generalitat que se endurezcan los criterios de fiscalización para este tipo de adjudicaciones.

Reacciones

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha valorado que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general “confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de una polémica mediática”.

“Es la prueba de que Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal. La máxima responsabilidad sigue siendo del alcalde. Tiene que dar explicaciones sobre por qué no estableció controles sobre esta promoción de viviendas en suelo público y acaparar si existen más cargos públicos o allegados del PP que han resultado beneficiados”.

Barceló ha añadido que desde el Grupo Socialista seguiremos exigiendo toda la información necesaria para llegar al fondo de este asunto, dirimir responsabilidades políticas y garantizar que esto nunca vuelve a ocurrir.

Por su parte, Rafa Mas, portavoz del Grupo Municipal Compromís ha señalado que "si dimite es porque reconoce la supuesta prevaricación. No es suficiente. Debe comparecer públicamente y explicar la trama de viviendas de protección oficial que estamos conociendo y que nos avergüenza. Ha sido la máxima responsable del área bajo sospecha. Vamos a llegar hasta el final y revisaremos las bases de la adjudicación para anularla y devolver las viviendas a quienes legítimamente les corresponden".

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que la dimisión de la concejala no puede servir para pasar página como si aquí no hubiera pasado nada. “Cuando dimiten cargos políticos, lo normal es preguntarse qué ha fallado y quién tenía que estar vigilando, lo que hace inevitable mirar al alcalde, que es el máximo responsable de lo que ocurre en el Ayuntamiento. Si no se ha hecho nada mal, la pregunta es sencilla: ¿por qué se ha producido esta dimisión"?

Para el portavoz de Esquerra Unida Podem, lo ocurrido no puede analizarse como un hecho aislado. “La dimisión del concejal de Hacienda ya avisó de que algo no se estaba haciendo bien en este Ayuntamiento, y lo que estamos viendo ahora confirma ese problema de fondo”.

Copé ha subrayado que se trata de una forma de gobernar que es responsabilidad directa del Partido Popular, que dirige el gobierno municipal: “No hablamos de errores puntuales, hablamos de decisiones y de una manera de gestionar que se repite”.

Por su parte, Lucía Ibáñez, coordinadora de Esquerra Unida Alacant, ha sido tajante: “El máximo responsable de todos los casos, es el Sr Barcala, tanto del caso del señor Gallego, exconcejal de Hacienda, como del último relacionado con las viviendas de VPO. El responsable es él y es él quien debería dimitir”.