"Lo que es permanente es el dolor de una madre": se cumplen diez años de la prisión permanente revisable

Madrid

La prisión permanente revisable cumple diez años en España convertida en una de las reformas penales más polémicas de la democracia. Introducida por el Partido Popular en 2015, en pleno desgaste del Gobierno de Mariano Rajoy, la medida supuso el mayor endurecimiento del Código Penal desde la Transición. Una década después, sigue vigente, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, ampliada por una mayoría parlamentaria progresista y cuenta con un respaldo social que nunca ha bajado del 70%, según las encuestas.

El periodista José Precedo ha analizado en Hora 25 esta norma que muchos expertos consideran una cadena perpetua de facto, ya que no establece una pena máxima cerrada, sino plazos muy largos para revisar la condena. El mínimo general es de 25 años de prisión efectiva antes de que un tribunal evalúe si el penado puede acceder a algún beneficio. En los supuestos más graves, como terrorismo o acumulación de delitos, ese horizonte se retrasa hasta los 30 o incluso 35 años.

Una ley nacida tras crímenes que sacudieron al país

El contexto es clave para entender su aprobación. En los años previos, España vivió asesinatos especialmente atroces y muy mediáticos, como los de Mari Luz Cortés o Marta del Castillo, que ocuparon durante meses la agenda informativa y alimentaron un clima de indignación social. El PP incorporó la prisión permanente revisable a su programa electoral en 2010, ganó con mayoría absoluta en 2011, pero no la aprobó hasta 2015, a las puertas de varias citas electorales y en plena crisis económica.

Hasta entonces, España ya contaba con uno de los sistemas penales más severos de Europa, con condenas que podían llegar a los 40 años efectivos en casos de terrorismo o asesinatos múltiples. El salto cualitativo de la nueva pena no fue solo la duración, sino la ausencia de un final cierto de condena, algo que chocaba, según numerosos juristas, con el principio constitucional de reinserción.

El rechazo de expertos y la oposición política inicial

La ley nació rodeada de críticas. Amnistía Internacional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y numerosas organizaciones de derechos humanos alertaron de que la medida podía ser inhumana o degradante. La izquierda política y varios partidos nacionalistas votaron en contra y recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional.

Durante años, el PSOE, Unidas Podemos y otras formaciones calificaron la prisión permanente revisable de contraria a los derechos humanos. En 2016, incluso, el PSOE y Ciudadanos llegaron a pactar su derogación en un fallido acuerdo de gobierno. En el Congreso se iniciaron trámites para eliminarla, y en 2018 una mayoría parlamentaria estuvo a punto de lograrlo.

El giro político y el peso de la opinión pública

Pero el debate se desarrolló en un clima ensordecedor. Nuevos crímenes horribles y muy mediatizados, como los de Diana Quer o el pequeño Gabriel, reactivaron la presión social. Las familias de las víctimas recogieron firmas, acudieron al Congreso y se convirtieron en actores centrales del debate. Mariano Rajoy resumió ese clima con una frase que marcó la época: "Lo que es permanente es el dolor de una madre".

Las encuestas otorgaban a la prisión permanente revisable un apoyo superior al 70%. Y ahí llegó el gran giro. Con Pedro Sánchez ya como presidente tras la moción de censura, el PSOE congeló la derogación a la espera del fallo del Constitucional. El tribunal, con mayoría conservadora y votos particulares discrepantes, avaló la pena al considerar que no era inhumana ni degradante.

De la resignación a la ampliación de la pena

Lo más llamativo llegó después. No solo no se derogó la prisión permanente revisable, sino que en 2022 se ampliaron sus supuestos con los votos del propio PSOE y otros partidos que antes la rechazaban. Se incluyó a asesinos reincidentes y a quienes oculten los cadáveres de sus víctimas, agravando el sufrimiento de las familias. La reforma, impulsada por familiares de víctimas como Marta Calvo o Marta del Castillo, fue aprobada dentro de una ley 'ómnibus' con 270 votos a favor.

Pese a los argumentos de homologación europea, España se sitúa hoy entre los países con plazos de revisión más largos. Italia revisa a los 26 años; Francia, normalmente a los 22; Alemania fija un máximo de 15 años, apelando a la dignidad humana y a la necesidad de una “expectativa de esperanza”. Portugal, en el extremo contrario, prohíbe la cadena perpetua y fija un máximo de 25 años.

Diez años, 60 condenas y ninguna disuasión

Desde la primera condena en 2017, se han dictado 60 penas de prisión permanente revisable. Las cifras han ido en aumento año tras año. La estadística desmonta uno de los argumentos más repetidos en su defensa: el efecto disuasorio. Los crímenes no han disminuido.