La crítica de una jurista a los directivos de redes sociales: "Con la ley española en la mano, Musk no tiene ninguna responsabilidad penal"

El presidente del Gobierno ha anunciado este martes que la próxima semana aprobará en el Consejo de Ministros la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Una medida que el Ejecutivo llevaba tiempo queriendo sacar adelante y que estaba apuntado en la ley de protección al menor, pero para la que, hasta ahora, no teníamos fecha.

Sánchez quiere así que España siga la estela de otros países como Australia o Francia. Pero, ¿sirven de algo estas prohibiciones si no contamos con un sistema de control que certifique las edades? Ana Caballero, abogada especializada en Tecnología y Derechos de la Infancia y vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, ha explicado en Hora 14 que la realidad es que "no existe predisposición por parte de las plataformas" para implementar estos sistemas.

Un plan "ambicioso"

Además, la aboga también insiste en la importancia de etiquetado y la clasificación del contenido en los entornos digitales. Pero los objetivos de los directivos de las redes sociales no van de la mano de la ética: "Ellos quieren ganar dinero, pero lo hacen a costa de la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, de colectivos vulnerables como los menores", ha dicho.

Los menores, señala Caballero, no tienen desarrollado ese sistema madurativo para tener pensamiento crítico ante el contenido que se van a encontrar en las redes sociales. Aun así, la experta propone distanciar el debate de una cuestión de edad y propone centrarlo en lo que están haciendo las plataformas para crear "patrones adictivos y cuestiones de desinformación o ciberbullying".

Ana Caballero asume el anuncio de Sánchez como "una declaración de intenciones" más que como un "plan operativo" al ser demasiado "ambicioso", destacando que todavía, a día de hoy, se desconoce qué es lo que hay detrás de un algoritmo. "No hay una auditoría algorítmica, ni se les exige a esas plataformas una rendición de cuentas y tampoco obligaciones de explicabilidad sobre qué hace y cuáles son las consecuencias."

"Con la ley española en la mano, Elon Musk no tiene ninguna responsabilidad penal", sostiene Caballero, en caso de que tenga que verse obligado a retirar contenido. La CNMC, destaca la experta, necesita la habilitación para poder llevar a cabo ese cometido y obligar a las plataformas a eliminar ciertos contenidos.