La Fiscalía defiende que García Ortiz sigue ejerciendo como fiscal porque no fue condenado a penas de prisión

Madrid

La Inspección Fiscal, a instancias de la fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha difundido una comunicación a la carrera en la que detalla por qué Álvaro García Ortiz no ha sido expulsado pese a la condena firme del Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador. Detalla que desde 2019, la interpretación en esto de las causas de expulsión se ciñe a los casos en que haya una condena de cárcel superior a seis meses. Y no es lo que ha ocurrido.

La comunicación, a la que tuvo acceso la Cadena SER, detalla que ya en 2019 se resolvió esta cuestión mediante una consulta a la Inspección Fiscal. La conclusión fue que conforme está redactado el Estatuto Orgánico que regula la institución, la situación de los fiscales es peor que la de los jueces. En la judicatura, esa expulsión parte de condenas a penas de prisión superiores a seis meses, pero con el literal de la norma para los fiscales, cualquier delito doloso leve podría acarrear la pérdida de la plaza.

Por eso, se adoptó esa interpretación que luego tuvo su amparo en un Real Decreto de 2022 para ceñirlo a las condenas a prisión. El Tribunal Supremo, en una sentencia que cita la comunicación, hizo suya esta lectura, al concluir que "si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal".

Según expone, toda esta explicación está en el decreto de la fiscal general que el pasado mes de diciembre se pronunció sobre García Ortiz, una resolución que habían reclamado la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Explica que se trata de un expediente gubernativo reservado que contiene precedentes que incorporan datos personales y documentación referida a particulares y a otros miembros de la carrera fiscal "cuya reserva ha sido y debe seguir siendo cuidadosamente preservada".