Sanidad frenará las privatizaciones con una ley que evite modelos como el de Quirón o Ribera Salud
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley de gestión pública sanitaria que deroga la norma de Aznar de 1997, que permitió la privatización de la sanidad muy acelerada en los últimos años en comunidades como Madrid
Sanidad frenará las privatizaciones con una ley que evite modelos como el de Quirón o Ribera Salud
Madrid
La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud va a poner coto a la privatización sanitaria y reforzará el control del gasto de los hospitales públicos que gestionan empresas privadas. Según el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER, se deroga la ley de 1997 que aprobó Aznar y que abrió la puerta a modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.
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A partir de ahora, la privatización tendrá carácter excepcional de tal manera que sólo se permitirá cuando: uno, no sea posible la prestación pública. Dos, se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia. Y tres, se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Una de las claves para que las autonomías puedan concertar con la privada es que se establece todo un mecanismo de evaluación previo y obligatorio. Las comunidades autónomas deberán justificar en un informe la necesidad de esa colaboración público privada. Y ese informe de privatización será analizado por un comité de expertos y técnicos. En todo caso, se priorizarán los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que sólo busquen hacer negocio.
La ley va a prohibir los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y se queda también con la gestión del centro. Sobre la vuelta a lo público de hospitales privados, la Alta Inspección sanitaria podrá asesorar a las comunidades sobre cómo pueden realizar el proceso de reversión de servicios externalizados. Y en el plazo de un año un grupo de expertos realizará un estudio sobre todos los casos de privatización de hospitales y centros.
También incorpora medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación del servicio. Las comunidades autónomas deberán publicar periódicamente información detallada sobre contrataciones, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. La ley no será de aplicación a los conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor. Estos se regirán por las normas vigentes en el momento de la adjudicación.