El juez Peinado reclama a Moncloa los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018

Madrid

El juez Peinado ha dictado un auto en el que reclama a Moncloa los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018, después de que la Audiencia de Madrid anulara el primer intento del juez porque no había motivado una medida que afectaba a derechos fundamentales.

Ahora dicta un auto en el que sostiene que la medida es proporcional, idónea y necesaria para la investigación porque hay indicios de delito de un malversación cometido por la contratación de una asesora en Moncloa que, presuntamente, le ayudó en sus actividades privadas.

El instructor reprocha la "escasa o nula" colaboración de la investigada, de su asesora y del Presidente del Gobierno que se acogió a la dispensa legal para no prestar declaración cuando fue citado a declarar como testigo.

Además, subraya el carácter excepcional del caso "por cuanto excepcional es la condición de la principal investigada, María Begoña Gómez Fernández, que ostentando actualmente, la condición de esposa del presidente del Gobierno, está dotada de una infraestructura que le permite disfrutar de determinadas prerrogativas, a efectos de disponer de posibilidades de evitar que sus comportamientos requieran de un plus de diligencia por parte de cualquier servidor público".

Viajes al extranjero

Peinado reprocha la nula colaboración de Begoña Gómez con las pesquisas, después de que se haya negado, junto a su asesora, a entregar voluntariamente el pasaporte para poder cotejar los viajes al extranjero de ambas investigadas.

Ante esta negativa, el juez ha pedido a Interior que le informe de los viajes que ha realizado. Especialmente quiere saber si ha viajado a Congo, República Dominicana y Rusia. "Desde luego", advierte, "si bien, es cierto, que se podrían acudir a otras fórmulas, como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas [para conseguir ese documento], esa diligencia sí que sería desproporcionada".

A pesar de que contra esta decisión cabe recurso, el juez da un plazo de diez días a Moncloa y a Interior para que cumplan con este requerimiento y les advierte de que en caso de no hacerlo pueden cometer un delito de desobediencia.