Seguridad frente a comodidad: el Supremo fuerza la presencia de Ábalos y Koldo pese a sus quejas por los traslados

Madrid

El Tribunal Supremo celebra mañana una vista clave en el denominado caso mascarillas, con la comparecencia obligatoria de José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Se trata de una audiencia preliminar, equivalente al primer día de juicio, en la que las defensas expondrán cuestiones previas —desde posibles nulidades hasta la competencia del órgano judicial— antes de que se señale la fecha definitiva para las sesiones.

Ábalos y Koldo, ambos en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real, habían solicitado no acudir presencialmente. Alegaron motivos de salud vinculados a los traslados penitenciarios. Sin embargo, el Supremo ha rechazado su petición y les ha instado a comparecer en persona.

La defensa de Koldo García argumentó que en un traslado anterior, el pasado 21 de enero, sufrió lesiones físicas al no disponer el furgón de un cinturón de seguridad adaptado a su complexión —mide dos metros y pesa alrededor de cien kilos—, lo que le habría provocado daños en muñecas y zona dorsal que calificó de «gratuitos y desproporcionados».

En el caso de Ábalos, su defensa no relató un episodio concreto, pero sostuvo que los vehículos de conducción de presos están diseñados «para la seguridad, no para la comodidad», y recordó que distintos organismos y expertos en derechos humanos han cuestionado en los últimos años las condiciones de estos traslados.

Isabel Vega ha explicado el funcionamiento de estos traslados en su sección El Banquillo de Hora 25. Las fuentes jurídicas que ha consultado reconocen que los furgones priorizan criterios de seguridad: estructuras metálicas, ausencia de ventanas practicables y materiales ignífugos que impiden ocultar objetos o provocar incendios. La limpieza, además, debe ser rápida y frecuente, dado que en ellos se traslada a internos con perfiles muy diversos, incluidos enfermos que acuden a hospitales.

Una flota envejecida y sin cinturones

Más allá del debate puntual, sindicatos de la Guardia Civil vienen alertando desde hace años del envejecimiento del parque móvil destinado a conducciones. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, difundió el año pasado un estudio según el cual la mitad de los furgones carecen de cinturones de seguridad, porcentaje que se eleva al 78% en los vehículos de mayor capacidad, con hasta 24 o 25 plazas.

El Defensor del Pueblo ya recomendó en 2024 a la Secretaría de Estado de Seguridad que garantizara la instalación de cinturones. La renovación, sin embargo, avanza de forma progresiva y, según el sindicato, demasiado lenta. En 37 provincias, la antigüedad media de estos vehículos supera los diez años.

En los modelos más antiguos, los internos viajan en habitáculos estrechos, sentados en bancos enfrentados, o en compartimentos de dos plazas separados por planchas metálicas. Algunos incorporan urinarios en cabinas internas. Los modelos más recientes amplían el espacio y orientan los asientos en el sentido de la marcha, con cinturones incorporados.

La logística de las 'kundas'

La Guardia Civil es competente para la conducción de presos —preventivos o condenados— salvo en determinados supuestos dentro de un mismo municipio o en comunidades donde la policía autonómica tenga la competencia, como Cataluña.

No se trata de un vehículo para un único interno ni para un solo juzgado. Los recorridos buscan optimizar recursos: un furgón puede recoger a un preso a las seis de la mañana, detenerse en otras prisiones, dejar internos en la Audiencia Nacional o en distintos juzgados y, finalmente, completar la ruta. En los trayectos interprovinciales, que en el argot penitenciario se conocen como 'kundas', el traslado puede prolongarse dos o tres días, con pernoctas en centros penitenciarios intermedios.

La periodista citaba a Rafael Sánchez, coordinador de los Servicios de Protección y Seguridad en AUGC, quien explica que la logística del día a día en las conducciones de internos es muy compleja, como una suerte de "amazon verde" para las personas, con tiempos, destinos y usuarios coordinados, pero con una constante necesidad de vigilancia. También para los agentes las condiciones pueden resultar exigentes.

Abogados penalistas consultados subrayan el impacto que estos desplazamientos tienen en los internos. La ruptura de la rutina —considerada esencial en prisión—, la salida a primera hora sin desayuno o ducha, o el regreso tras el horario de cena, añaden desgaste físico y psicológico. En el pasado, algunos acusados han solicitado declarar antes para evitar sucesivos traslados. El empresario Francisco Correa, condenado en el caso Gürtel y diagnosticado de claustrofobia, logró ser dispensado de asistir a varias sesiones y en ocasiones fue trasladado en ambulancia.

Qué se decide mañana

Vega ha contado que la vista de mañana comenzará a las once. Aldama, en libertad, acudirá por sus propios medios. Ábalos y Koldo deberán madrugar para el traslado desde Soto del Real. Aunque los acusados no intervendrán en esta fase, su presencia es obligatoria.

Las defensas expondrán sus alegaciones: desde la posible competencia de la Audiencia Nacional, como sostiene la representación de Koldo, hasta supuestas vulneraciones de derechos por falta de acceso completo a dispositivos incautados. La Fiscalía responderá a cada planteamiento y, tras escuchar a las partes, el tribunal deliberará.

En los próximos días se conocerá el auto que resuelva estas cuestiones previas. Solo entonces se fijará la fecha definitiva del juicio por el caso mascarillas, uno de los procedimientos más relevantes derivados de la gestión de contratos públicos durante la pandemia.