Anticorrupción denuncia en el juzgado el escándalo de las VPO de Alicante por delitos de información privilegiada y negociaciones prohibidas
El Ministerio Público halla indicios de delito en el reparto de viviendas públicas protegidas en Alicante entre cargos del PP y altos funcionarios que al parecer no reunían los requisitos para optar a estos pisos
Residencial Les Naus, Alicante.
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juzgado número 5 de Alicante una denuncia por la polémica adjudicación de Viviendas de Públicas Protegidas (VPP) en un bloque edificado en la playa de San Juan, entre cargos del PP y altos funcionarios.
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El Ministerio Público advierte indicios de la comisión de delitos contra la administración pública. Entre ellos, fundamentalmente de negociaciones prohibidas y de uso de información privilegiada en la actuación.
En su escrito presentado este lunes al juzgado, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, Anticorrupción contempla las denuncias presentadas ante la propia Fiscalía por el PSPV-PSOE, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, y pide al juzgado instructor una batería de diligencias encaminada a acreditar si los adjudicatarios de las viviendas cumplían con los requisitos para acceder a estos pisos protegidos destinados a rentas vulnerables.
El texto se dirige contra los supuestos infractores cuya identidad ya se conoce, como la concejala de urbanismo de Alicante que tuvo que dimitir tras estallar el escándalo, Rocío Gómez; la directora general municipal de Contratación Pública, el arquitecto local, funcionarios de la Generalitat y otros responsables también relacionados con el PP. Una quincena de personas en total, sin descartar que aparezcan más beneficiarios irregulares entre las 140 viviendas de la promoción.
El complejo residencial Les Naus de Alicante era la primera promoción de vivienda protegida en 20 años en la localidad. Ubicado a cerca de un kilómetro de la playa de San Juan, cuenta con piscina y pistas deportivas, y unos precios asequibles de unos 200.000 euros por piso, cuando la vivienda libre equivalente en la zona prácticamente triplica ese valor.
Cerca de 5.400 familias permanecían en lista de espera para acceder a alguna de las 140 viviendas protegidas. Varios de ellos, indiciariamente, fueron repartidos de forma irregular y privilegiada entre cargos del PP, sus familiares y altos funcionarios, a pesar de que incumplían los criterios de acceso.
