El Gobierno aprueba la ley con las medidas anticorrupción anunciadas tras el caso Cerdán

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes en primera vuelta la Ley Orgánica de Integridad Pública, la norma con la que el Ejecutivo va a implementar buena parte de las medidas previstas en el Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción. El texto llega nueve meses después de que el presidente del Gobierno lo anunciara durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el estallido del caso Cerdán.

Pedro Sánchez enumeró entonces -el pasado 9 de julio- un total de quince iniciativas y reformas en materia lucha contra la corrupción con las que el PSOE pretendía salir de la profunda crisis política abierta por la implicación de su exsecretario de Organización en el caso Koldo. El presidente se dio el plazo de un año para hacer balance y evaluar la puesta en marcha de ese Plan que hoy llega en forma de Ley a la mesa del Consejo de Ministros.

El Anteproyecto de Ley, que explicará hoy en rueda de prensa la vicepresidenta María Jesús Montero, recoge entre otras medidas la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, propuesta en su día por Sumar y que se encargará de centralizar las competencias clave en materia de prevención, supervisión y persecución de la corrupción, que ahora mismo están distribuidas entres diversos organismos estatales.

El texto, prevé endurecer también la legislación sobre la recepción de subvenciones públicas para gastos electorales y las infracciones contables de los partidos políticos, que tendrán que aumentar sus niveles de transparencia a partir de la entrada en vigor de la norma. Se va a ampliar además la información que deben hacer pública las formaciones políticas en materia de donaciones.

Uno de los ejes de la nueva Ley que esperan con más atención los socios de investidura de la coalición es el relativo al aumento de los mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras. El Gobierno se comprometió en julio a estudiar la imposición de multas proporcionales a los ingresos o al beneficio que esas compañías obtuvieran de forma ilícita. También señaló como una posibilidad la inhabilitación obligatoria para recibir subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El texto, que ha sido trabajado durante varios meses por una comisión interministerial encabezada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tendrá que ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros cuando haya recabado los informes de los órganos consultivos. Después, será remitido a las Cortes para su debate y aprobación definitiva en el pleno de la Cámara.