El salario mínimo en España es el séptimo más alto de toda la UE

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado ya el decreto que establece el salario mínimo para 2026 con una subida del 3,1% que sitúa el SMI en los 1.221 euros al mes con 14 pagas. La subida, pactada con los sindicatos y que tiene el rechazo de la patronal, consolida el salario mínimo español como el séptimo más alto de la Unión Europea, lejos aún de lo que establecen grandes potencias como Francia y Alemania como pago mínimo por el trabajo.

Según los datos de Eurostat, es Luxemburgo el país con un salario mínimo mensual más alto. Allí se establece el sueldo mínimo en los 2.318 euros en catorce pagas. Irlanda y también Alemania fijan un salario por encima de los 2.000 euros como mínimo para sus trabajadores. La lista de salarios mínimos más altos continúa por Países Bajos, Bélgica y Francia que superan las cuantías del nuevo SMI que ha aprobado hoy el Gobierno.

En la lista no figuran todos los países europeos porque algunos no tienen la figura del salario mínimo fijada a nivel nacional por el Gobierno, como es el caso de Italia dónde es en la negociación entre empresarios y sindicatos dónde se establecen estas cuantías.

Las empresas deberán aplicar el SMI desde el 1 de enero

Aunque el Gobierno ha esperado al 17 de febrero para aprobar la cuantía del salario mínimo para 2026, esta subida tendrá efectos desde el pasado 1 de enero. Esto implica que todos los sueldos tendrán que cumplir con las cantidades que fija el decreto desde ese fecha.

Los trabajadores que durante este mes y medio han recibido un sueldo inferior al SMI tendrán que ser compensados por sus compañías.

La medida, según las estimaciones del ministerio de Trabajo, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores.

¿Qué pasa con los complementos?

El acuerdo firmado por Gobierno y sindicatos incorpora el compromiso de aprobar un Real Decreto para impedir que las empresas puedan absorber la subida del salario mínimo bajando salarios. El texto está pendiente de aprobación por parte de los órganos consultivos y los sindicatos calculan que se aprobará dentro de dos o tres meses.