La exconcejala de Móstoles presenta una querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral
El texto también incluye los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. El abogado de la supuesta víctima sostiene que la querella está sustentada en un "nutrido soporte probatorio" y reclama la declaración de 11 testigos, entre ellos, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano o Ana Millán
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), descartó su dimisión. / Rubén Sánchez (EFE)
Madrid
El abogado de la exconcejala del PP en Móstoles que ha denunciado el acoso del alcalde, Manuel Bautista, ha presentado una querella en los juzgados contra el primer edil y también contra el PP como persona jurídica, por delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, según ha informado el letrado en un comunicado.
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La querella se sustenta en un "nutrido soporte probatorio", afirma el abogado Antonio Suárez-Valdés, con el que se pretende acreditar la existencia, primero, de la "presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima" por parte del querellado, y segundo, ante el "rechazo de esta", el "desarrollo de un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica", con el "objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente" a la edil.
En el texto, la defensa de la concejala pide la declaración de 11 testigos. Entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien la supuesta víctima se dirigió para denunciar su situación sin obtener ayuda, y a su número dos, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta Ana Millán, con quienes se reunió en varias ocasiones sin que según la denunciante, atajaran el problema.
El letrado apunta a la SER que si durante la instrucción advierten más indicios delictivos no descartan ampliar el número de querellados.
Según relata Antonio Suárez-Valdés, se trata de un procedimiento de "alta complejidad técnica" al haberse producido una parte de los hechos "en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales" de la concejala.
Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".
El "silencio y la falta de res puesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal", añade el abogado.
