La dimisión del DAO de la Policía Nacional: de la "funesta gestión de recursos humanos" a la "sensación de impunidad"

Madrid

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha presentado su dimisión después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella contra él por un presunto delito de agresión sexual. Según han detallado fuentes del Gobierno, el hasta ahora máximo mando operativo del Cuerpo comunicó al Ministerio del Interior su decisión de abandonar el cargo tras conocerse que el magistrado David Maman Benchimol ha abierto diligencias y le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo en calidad de querellado.

La querella ha sido interpuesta por una funcionaria de la Policía Nacional. Su abogado, Jorge Piedrafita, explicó este martes que la denuncia incluye presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La denunciante también está citada a declarar el mismo día ante el juez.

En El Abierto de Hoy por Hoy, Ignasi Guardans ha puesto el acento en la dimensión organizativa del caso y en la posible responsabilidad de la cúpula policial más allá de lo estrictamente penal. "Yo no sé qué parte de aquí es responsabilidad penal, qué parte han tapado, qué parte no han callado", ha señalado, para añadir que, "en el mejor de los casos", lo que se desprende es "una funesta gestión de recursos humanos dentro de la dirección de la policía".

Ángel Villarino ha subrayado "la crueldad del relato" que recoge la querella y ha destacado "la sensación también de impunidad que se nota todo el rato" en la actuación del dirigente policial. Ha recordado además la relación de confianza entre el DAO y el ministro del Interior: "Era una de las personas de confianza de Marlaska", ha afirmado, aludiendo a su salida de Aragón en 2018 y a su renovación en 2024, una decisión que en su momento generó interpretaciones políticas. Villarino ha incidido en que la noticia ha dejado "a muchos de sus subordinados en shock".

Por su parte, Cristina de la Hoz ha considerado "perfectamente creíble" que el ministro no tuviera conocimiento previo de los hechos, aunque ha expresado dudas sobre la gestión posterior: le cuesta pensar que, tras una denuncia de este calibre, Interior no supiera nada, pero también ve "una enorme torpeza" en creer que algo así podría mantenerse oculto.

A su juicio, lo lógico habría sido "adelantarse" antes de que el caso adquiriera trascendencia pública. De la Hoz ha ampliado el foco al alcalde de Móstoles, también acusado de delitos graves relacionados por acoso sexual, y ha reclamado que no se utilice "un doble rasero": el mensaje, ha sostenido, debe ser claro cuando se trata de responsabilidades públicas ante acusaciones de esta gravedad.