Tribunales

Los supuestos socios del novio de Ayuso en su fraude fiscal piden la nulidad de la causa por la sentencia al fiscal general

Los tres empresarios sevillanos que fabricaron supuestas facturas falsas para aminorar ilícitamente la base imponible de Alberto González Amador, invocan la sentencia del Supremo que condenó al fiscal general por revelación de secretos, para tratar de anular todo el procedimiento

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, durante su declaración en el Supremo

Los tres empresarios sevillanos que supuestamente fabricaron facturas falsas para que Alberto González Amador redujese de forma fraudulenta su cuota a pagar a Hacienda, han presentado al juzgado 19 de Madrid un escrito de defensa común. Se trata de David Herrera Lobato y de los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo Saborido, que piden la nulidad de la causa y ser absueltos por la sentencia del Supremo contra el exfiscal general, Álvaro García Ortiz.

Consideran que esa condena por revelación de secretos anula toda la investigación al novio de Ayuso y al resto de implicados, y por ello también debe ser anulado el procedimiento, porque a su juicio la información fue “obtenida de forma delictiva dando nombres y apellidos de forma ilícita y nula de pleno derecho”.

Según la investigación, los tres empresarios emplearon sociedades ficticias o que no estaban relacionadas con los trabajos desarrollados por Alberto González Amador, para girarle facturas falsas por 180.000 euros, con los que el novio de Ayuso pudo reducir su base imponible para evitar pagar un total de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, cuando facturó 2.3 millones gracias a la venta de equipamiento médico durante la pandemia.

La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel al novio de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda. Además, está acusado de delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Uno de los tres empresarios coacusados junto a González Amador, David Herrera, ha sido condenado esta semana a 3 años de cárcel por fraude en fondos europeos, cuando estafó 70.000 euros a la misión europea en Somalia, según la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Nacional.