El Partido Comunista alertó de las 'fake news' de la ultraderecha para implicar al Rey en el golpe de Estado

Los papeles del 23F que ha desclasificado el Gobierno recogen numerosas notas internas de la policía que vigila la reacción del país tras el fallido golpe de Estado. Esas notas recogen la reacción de los partidos políticos. Los comunistas del PCE se muestran preocupados por las noticias falsas que difundía la extrema derecha para intentar vincular al Rey Juan Carlos en el golpe de Estado. En una nota interna y confidencial fechada en mayo de 1981, alertan a Santiago Carrillo del “peligro que supone dejar que la extrema derecha impere en el mercado negro del rumor y las declaraciones para incidir en la supuesta implicación del rey en el golpe. La extrema derecha quiere implicar a la monarquía y destrozarla como institución democrática. Existe un jaque mate a la monarquía planteado por la extrema derecha un jaque mate del que ya no puede volverse atrás”.

El PSOE de Felipe González inició una campaña de "formación interna y externa" para conseguir, dice la nota reservada, "incorporar a los militares a la discusión política" y explicar a los ciudadanos "la constitución y discutan con ellos la situación". El objetivo último es explicar que "la Constitución, la Democracia y la Libertad van unidas a los intereses cotidianos de los ciudadanos".

Un 'crowfunding' para los golpistas

La policía también hace un discreto seguimiento al entorno de los golpistas y monitoriza los intentos de amigos, allegados y simpatizantes para ayudarles económicamente. Una nota de la brigada interior de la policía fechada en 18 de Marzo de 1981 alerta de que “desde altas instancias castrenses se podría iniciar una campaña de ayuda económica para los familiares de los militares y guardias civiles implicados en el asalto al congreso” El documento alerta de “la firme convicción de un sector del ejército de no tolerar de ninguna manera, cualquier intento de persecución a los referidos familiares” y subraya que “se puede apreciar un elevado malestar en el seno de las Fuerzas Armadas”.

El 27 de marzo de 1981, informan de que el Ministerio de Interior ha bloqueado una cuenta en el Banco Central a nombre de la Asociación de mujeres de militares y policías que “había recibido tras el 23 F, cuantiosa sumas económicas en concepto de donativos para las familias de los guardias civiles implicados, así como para los herederos de las víctimas de asesinatos”. Los informes se extienden en el tiempo y en 1983, ante la pérdida de condición de militares de los implicados, se pone en conocimiento de las autoridades que "un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes, ante la merma importante de ingresos, formarán un fondo común todos los meses para paliar las necesidades económicas de los familiares".