La Policía intervino en Sidenor un listado de clientes que relaciona a la israelí IMI Systems con "obuses"

Madrid

Los agentes de la Comisaría General de Información y de Vigilancia Aduanera que el pasado 10 de febrero acometieron la entrada y registro en dependencias de Sidenor en Basauri por orden de la Audiencia Nacional hallaron en una cadena de correos un listado de clientes que relaciona a la israelí IMI Systems con la pieza "obuses", según la documentación a la que tuvo acceso la Cadena SER.

La compañía explica que se refiere al producto principal que fabrica esa empresa, no al destino de su acero. La Fiscalía ha pedido anular esta diligencia por la inexistencia de indicio alguno de colaboración con el genocidio.

Este es uno de los delitos, junto al de contrabando, que se imputan al presidente de la siderúrgica vasca, José Antonio Jainaga, y dos directivos por vender acero a esa mercantil israelí, a sabiendas, se presume, de que lo iba a utilizar para la fabricación de armamento que se emplearía contra la población de Gaza y sin autorización del Gobierno.

Durante la entrada y registro, los agentes clonaron el contenido de tres teléfonos móviles, varios lápices de memoria USB, discos duros y un ordenador portátil en dependencias como el despacho de un ejecutivo del área comercial.

En el análisis preliminar de lo incautado afloró esa cadena de correos, intercambiados entre tres personas y cuya última fecha es de marzo de 2025, con el cierre del ejercicio del año anterior en relación al sector de defensa, una información que manejaban de cara a elaborar un informe para una entidad financiera.

Adjunta en uno de los mensajes, había una tabla con cuatro columnas que organizan por países a una batería de clientes del sector armamentístico entre los que figura IMI Systems. A su lado, se relaciona cada empresa con el destinatario final del producto, un campo en blanco en el caso de la israelí. Después, aparece una columna de piezas, entre las que aparecen por ejemplo, cañones o cadenas de tracción en relación a otras compañías. Para IMI Systems, la correspondencia es "obuses".

El atestado ha sido incorporado a la causa que se sigue en el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción plaza 1 de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias en julio del año pasado tras admitir una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, miembro de Rescop. En la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel subrayan consultadas por la SER la relevancia de este hallazgo, porque apuntalaría que en Sidenor eran conscientes del uso que se iba a dar al acero que vendían.

Sin embargo, desde Sidenor explican que esa tabla es una información que se elabora a requerimiento de la entidad financiera y lo que se refleja no es el destino final que recibirá el acero, sino el producto principal que fabrica la empresa que lo compra, como ocurre con otras empresas incluso españolas que aparecen en la misma lista asociadas también con obuses o con cuerpos de municiones. Es, aseguran a la SER, lo que pregunta el banco.

Recuerdan que como declaró Jainaga ante el juez el pasado 12 de noviembre, IMI System es uno de los clientes pequeños de Sidenor, que supone un 0,2% de su facturación anual y que el acero que fabrican no está en los listados de productos que requieren autorización especial del gobierno. Un informe de la Policía Nacional del pasado mes de septiembre reflejaba, tras analizar un cargamento en el Puerto de Barcelona, que el acero no alcanzaba las proporciones establecidas para considerarse una aleación, así que no se trata de "un material susceptible de doble uso" en los términos de la normativa europea.

La Fiscalía no ve indicios del delito de genocidio

Con todo, el material incautado está en duda. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de apelación directo contra la decisión del juez que autorizaba la entrada y registro en la planta de Sidenor en Basauri, una diligencia a la que ya se opuso cuando en enero se abrió una pieza separada y secreta para explorar esta posibilidad porque veía más procedente requerir la información que entrar a por ella.

Considera que es una diligencia desproporcionada para investigar un delito de contrabando, el único que aprecia la fiscal: subraya la inexistencia de indicio alguno del delito de colaboración con el genocidio que se imputa al presidente y los dos directivos.

En este sentido, el recurso de apelación pide la nulidad de todas las diligencias desplegadas para esclarecer ese delito, porque entiende que toda esa parte de la investigación se está llevando a cabo sin sustento legal. Explica que para perseguir esos ilícitos hace falta una querella del perjudicado directo o del Ministerio Público y no consta ninguna de las dos, sólo una acusación popular.

En este sentido, el juez acordó el pasado 14 de enero citar a un ciudadano palestino a declarar en calidad de perjudicado después de que solicitase personarse como acusación particular. La Fiscalía también ha recurrido esta decisión. Considera que este ciudadano, que huyó de la Franja a finales del año pasado y alegaba haber sufrido numerosas pérdidas familiares, no es bastante para concederle esa condición de perjudicado: no ha sido sujeto pasivo de la acción delictiva.

Jainaga, el nuevo caballero de Talgo

José Antonio Jainaga es el recién nombrado presidente de Talgo, uno de los fabricantes de trenes insignia que tiene su origen en Euskadi. El nombramiento se ratificó el pasado 30 de noviembre tras la entrada también de la SEPI en el capital de Talgo. Su nombre sustituye al histórico presidente Carlos de Palacio Oriol, que ha estado 24 años en el cargo y que ha sido traspasado a la Fundación Talgo. Jainaga compagina así tres presidencias: Talgo, Sidenor y Mirai.

Este pasado lunes 23 de febrero, Jainaga se estrenaba en el II Foro Capital de la Fundación Vital y aseguraba que, aunque Talgo se enfrenta a una situación económica complicada, esta se puede remontar con más plantilla y nuevas asociaciones, aunque sin incorporar nuevos socios industriales de lleno. Jainaga deslizó también la idea de crear una nueva plataforma para el polémico tren Talgo Avril, que ha traído muchos problemas de fiabilidad a Renfe y que ha generado una reclamación de 116 millones de euros por parte de la operadora española justificada por el retraso en su entrega. Esta nueva plataforma les serviría para presentarse a la nueva licitación de trenes de Renfe, que ha sido pospuesta por el accidente de Adamuz y que busca modelos que lleguen hasta los 350 km/h.