Las medidas del escudo social que decaen si se cumple el guion y el Congreso tumba el decreto

Madrid

El Pleno del Congreso vota este jueves por segunda vez el real decreto-ley que contiene medidas como la revalorización del 2,7% de las pensiones para este año, así como un escudo social con ayudas para la rehabilitación de viviendas y para los afectados por catástrofes como la DANA, que se cobró la vida de 230 personas hace ya más de un año en la provincia de Valencia.

Ello después de que el Gobierno recibiera un revés parlamentario en enero, cuando el Congreso tumbó el real decreto-ley que contenía la subida de pensiones y otras medidas sociales, pero también la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, lo que unió a PP, Junts y Vox para tumbar el texto.

El Gobierno, tras negociaciones parlamentarias, aprobó dos reales decretos-ley en Consejo de Ministros el 3 de febrero, repartiendo en ambos textos las medidas, que este jueves vuelven a ser votadas en sede parlamentaria.

La subida de las pensiones

Uno de los reales decretos-ley contiene como medida estrella la subida de pensiones, que será de un 2,7% con carácter general, como resultado de la inflación media de diciembre de 2024 a noviembre de 2025. Así, las pensiones contributivas se incrementan una media de 570 euros al año y, en el conjunto del sistema, algo menos de 500 euros.

De su lado, las pensiones mínimas se revalorizan un 7,07%, un alza que llega al 11,4% en el caso de las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben también un 11,4%.

La pensión máxima del sistema queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en el pasado ejercicio.

Otras medidas

Por otra parte, el nuevo decreto rescata otras medidas como la congelación de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos, después de que el Ministerio dirigido por Elma Saiz no llegara a un acuerdo con las asociaciones de autónomos, los sindicatos y la patronal para la fijación de las cotizaciones para el período 2026-2028, como mandataba la reforma del sistema de cotizaciones por ingresos reales, aprobada en 2022.

Por otro lado, como ya ocurriera con el decreto ómnibus, se exime a los desempleados con prestaciones de la obligación de presentar la declaración de IRPF. Igualmente, contempla la ampliación en 10 años de préstamos concedidos a la Seguridad Social.

También se prorroga, un año más, la medida en virtud de la cual los médicos de atención primaria, de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo. Esta acción se adoptó a fin de paliar parcialmente la falta de facultativos de primaria que sufre España.

Este decreto recupera la cotización adicional para los bomberos y agentes forestales para que puedan anticipar su edad de jubilación, al entenderse que realizan un trabajo de especial peligrosidad y penosidad.

Escudo social

El Congreso también vota este jueves un real decreto de medidas tributarias para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. El texto incluye una prórroga para todo este año de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de los autónomos.

También se aplicarán a la agricultura, la ganadería y la pesca, al prorrogarse los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial del IVA en estas actividades.

El texto que se somete a votación contempla una nueva exención para las ayudas personales recibidas por los afectados de los incendios del pasado verano, que quedarán exentas del IRPF. La exención comienza para las concedidas a partir del 26 de agosto de 2025.

De esta votación también depende la prórroga de los beneficios fiscales por obras de eficiencia energética o la adquisición de vehículos eléctricos y sus infraestructuras de recarga hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a las obras de eficiencia energética, se trata de una política vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que contempla deducciones del 20%, el 40% y el 60% por realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración.

Sobre el vehículo eléctrico, se prorrogarán las deducciones de hasta el 15% para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico "enchufable" y de pila de combustible. Asimismo, se extenderá durante este ejercicio la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga; inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV y nuevas infraestructuras de recarga.

El decreto incluye en este beneficio fiscal las inversiones en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica o el uso térmico de consumo propio de fuente renovable o en sustitución de fuente fósil.

Los diputados también decidirán con su voto la continuidad de las medidas fiscales y financieras destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha por la DANA de octubre de 2024 y que benefician a los afectados.

Estas medidas abarcan ayudas directas impulsada para aquellos que sufrieron las consecuencias del desastre, a la que se añaden las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades, para profesionales y empresas damnificados. Las ayudas también aplican a las entidades sin personalidad jurídica que realizan actividades económicas. En el mismo decreto, está recogida la prórroga de las entregas a cuenta, los recursos con los que se financian las comunidades autónomas.

Las principales medidas que decaen

En resumen, son 40 páginas de decreto que si, como se prevé, es tumbado por el Congreso, decaerá medidas como:

• La suspensión de los desahucios para familias vulnerables, en aquellos casos en los que el propietario de la vivienda tenga más de dos pisos.
• La suspensión de los desahucios por okupación de vivienda, cuando el titular tenga más de 10 pisos.
• La ampliación de los descuentos del bono social para los consumidores vulnerables.
• La prohibición del corte de suministros básicos a estas familias.
• En materia fiscal: la subida del límite de ingresos, que obliga a los autónomos a no tributar por módulos, y una serie de descuentos por obras de mejora energética en la vivienda o por compra de coches eléctricos.
• La exención de declarar en el IRPF las ayudas que recibieron los afectados por los incendios del verano pasado.
• La exención de declarar ayudas también por parte de los afectados por la DANA. Se trata del dinero que les concedió la Generalitat Valenciana.