Política

El Constitucional sentencia que un imputado en causa secreta tiene derecho a conocer las pruebas que fundamentan su ingreso en prisión

Por unanimidad, el pleno del Tribunal Constitucional aclara su propia doctrina y establece que un imputado en una causa secreta que sea enviado a prisión provisional no solo tiene derecho a conocer los medios de prueba que provocan tal medida, sino el contenido de esas pruebas. Magistrados critican que esta sentencia pone en riesgo el secreto y las investigaciones contra las organizaciones criminales

Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. / Europa Press

Madrid

El pleno del Tribunal Constitucional ha amparado a un Guardia Civil, Rubén G., supuestamente implicado en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde Marruecos, que fue detenido e ingresó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en 2025.

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La sentencia establece que fueron vulnerados los derechos fundamentales a defensa y libertad personal del recurrente porque para su ingreso en prisión provisional, amparándose en el secreto, el juzgado solo le comunicó de forma genérica que fue grabado en conversaciones telefónicas, así como que obraban en su contra otras diligencias de investigación tecnológica, sin mayor concreción.

Para la Corte de Garantías, la Audiencia Nacional no solo debió comunicarle las fuentes de prueba como llamadas telefónicas u otras comunicaciones que le involucraban, sino también el “contenido” de esas conversaciones, si resultan determinantes para su ingreso en prisión.

El Constitucional aclara su doctrina

En la sentencia, el Constitucional aclara su propia doctrina. Recuerda a los tribunales de justicia que cuando en 2017 estableció el derecho del investigado en causa secreta a conocer las causas de su ingreso en prisión provisional, no solo se refería a los medios de prueba, a los métodos empleados por los investigadores para decretar la medida, sino también al contenido de esas pruebas, cuando resulten esenciales para conectar los hechos con el investigado y ordenar su prisión provisional, siempre que sea reclamado expresamente.

El Tribunal recalca que los jueces podrán denegar el acceso a contenidos de prueba, cuando justifiquen motivadamente que no tienen la consideración de “esenciales” para sostener la privación de libertad.

Abogados alaban el fallo y jueces lo critican

La sentencia del Constitucional, que ha sido valorada de forma positiva por abogados consultados por la SER en cuanto a que “garantiza derechos” y puede “minimizar abusos” por parte de algunos tribunales a la hora de ordenar medidas tan restrictivas para la libertad personal, ha sido criticada por diversos magistrados puestos en contacto con esta cadena de emisoras, que prefieren mantener su identidad en el anonimato.

Refieren que significa el “adiós al secreto” de las actuaciones, que supone “un golpe” y que “dificultará la lucha contra organizaciones criminales” de índole económica o dedicadas al narcotráfico, donde el secreto de las actuaciones y las restricciones de acceso a la información mientras se investigan las causas, resulta “determinante” para su desarticulación.

En el caso concreto del Guardia Civil inculpado al que se refiere esta sentencia del Constitucional, la limitación de acceso a la información cuando fue enviado a prisión provisional se produjo, según fuentes jurídicas, porque en aquel momento estaba desarrollándose una segunda fase de las investigaciones que permitió hallar un túnel para pasar la droga de Marruecos a Ceuta. Las mismas fuentes sostienen que si hubieran comunicado el contenido de las conversaciones grabadas al sospechoso, con toda probabilidad no hubieran podido localizar el corredor subterráneo.

En su sentencia, el Constitucional ha declarados nulo el auto del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que ordenó el ingreso en prisión provisional, así como el de la Sección Cuarta del mismo órgano jurisdiccional que confirmó la medida. No tiene efectos sobre el guardia sospechoso porque ya obtuvo la libertad provisional en diciembre pasado.