La justicia israelí aplaza la expulsión de las ONG de Gaza y Cisjordania prevista para el 1 de marzo
MSF afirmó que permanecería allí y seguiría "prestando asistencia durante el mayor tiempo posible" a los palestinos
El Supremo israelí aplaza la orden de expulsión de ONG de Gaza y Cisjordania, confirma MSF. (Photo by Mohammed Eslayeh/Anadolu via Getty Images) / Anadolu
El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión de las ONG humanitarias que operan en la franja de Gaza y en Cisjordania ocupada impulsada por el Gobierno de Benjami Netanyahu tras la orden que obligó a las 37 ONG a abandonar el territorio a finales de diciembre de 2025, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras (MSF).
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La orden de expulsión establecía como límite para abandonar el territorio el próximo domingo, 1 de marzo. A pesar de ello, MSF afirmó que permanecería allí y seguiría "prestando asistencia durante el mayor tiempo posible" a los palestinos de Gaza y Cisjordania, y que trataría de "mantener los servicios para los pacientes en un entorno cada vez más limitado".
Una prohibición impulsada por Netanyahu
El fin de las operaciones de las ONG se debe al nuevo registro aprobado en diciembre, que el Gobierno de Israel defiende por razones de seguridad para detectar a "terroristas" infiltrados, y que obliga a las entidades a facilitar información sensible sobre sus empleados (nombres, documentos de identidad, etcétera).
Esta nueva normativa recoge también como motivos para denegarles la licencia a las oenegés la participación en "campañas de deslegitimación" contra Israel; negar que sea un "Estado judío y democrático"; o el apoyo, escrito u oral, a procesos judiciales contra soldados en un tribunal internacional, entre otros.
Desde que Israel anunciase su plan, las organizaciones perjudicadas -entre las que se encuentran Médicos sin Fronteras, Oxfam, el Consejo Noruego para Refugiados o la Alianza por la Solidaridad- han recordado que, según el Cuarto Convenio de Ginebra, una potencia ocupante como es Israel debe facilitar ayuda humanitaria a la población civil bajo su control y que, hasta ahora, el registro de éstas ante la Autoridad Palestina constituía "la base legal" para que operasen en territorio palestino.