Siete universidades públicas asfixiadas por la infrafinanciación

Después de ver como la infrafinanciación ha llevado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la universidad presencial más grande de España, a un severo plan de ajuste para poder recibir un préstamo de la Comunidad de Madrid que le permita salir a flote, la Cadena SER ha analizado la situación financiera que atraviesan el resto de universidades públicas de gran parte del territorio nacional. La conclusión es que, además de la UCM, hay al menos siete universidades que están atravesando serias dificultades, que se han comido los ahorros y que presentan números rojos en sus balances presupuestarios. Son la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad de Extremadura, la Universidad de A Coruña y la Universidad del País Vasco.

Las universidades madrileñas, en la UCI

En Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que es la peor financiada por alumno en España, ha comenzado el año con un déficit de 76 millones de euros. Una situación agónica que la pone en la antesala de la Complutense. Las políticas de ajustes que la URJC ha venido aplicando en los últimos ejercicios no han servido para parar la sangría. Entre esos ajustes, desde hace tiempo, según fuentes de esta universidad madrileña, no se contrata a nadie que no sea estrictamente necesario y se ha paralizado la promoción interna de los docentes para evitar mayores gastos salariales. Además, se han reducido los complementos y las descargas lectivas del personal y se han paralizado todas las obras en marcha. A pesar de estas medidas que, según la universidad, han conseguido contener entre un 15 y un 20% el gasto, los números rojos no han sido insalvables.

En esta misma comunidad, también aparece en el listado de universidades asfixiadas la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que reconoce a la SER que está sometida a un déficit estructural "que condiciona su capacidad de planificación y crecimiento". "El presupuesto ordinario resulta insuficiente para cubrir con holgura las necesidades básicas de funcionamiento de una universidad pública de carácter tecnológico y altamente especializada como la nuestra", admiten fuentes de la UPM. Una situación de infrafinanciación estructural que se ve acusada, principalmente, en las ingenierías y en investigación aplicada donde los costes de laboratorios, equipamiento científico y tecnológico son especialmente elevados. "Hemos tenido que priorizar y posponer actuaciones relevantes, tanto en el ámbito de renovación y reparación de infraestructuras como en inversiones estratégicas vinculadas a nuevos proyectos", admiten estas fuentes. La Comunidad de Madrid es la menos PIB destina de todo el territorio nacional a financiar a sus universidades públicas a pesar de ser una de las regiones más ricas.

Estamos atados de pies y manos

—  Rosario Gómez, gerente de la Universidad de Málaga (UMA)

La situación crítica de las universidades de Málaga y Granada

En Andalucía hay otras dos universidades públicas que están pasando serios apuros. Especialmente, la Universidad de Málaga (UMA), que está inmersa desde el año pasado en un plan de ajuste severo para devolver un préstamo de 48,5 millones a la Junta de Andalucía. Un préstamo que tendrán que devolver a partir de 2028 por el que pagarán más de 4 millones en intereses y que ha servido para poder financiar la obra de la Facultad de Turismo. Aún así, la gerente de la UMA, Rosario Gómez, reconoce que están sometidos a un déficit estructural más allá de este crédito. "Significa que cada año los ingresos ordinarios no alcanzan para cubrir los gastos ordinarios, lo que se repite año tras año", explica esta gerente. Los ajustes son muchos y afectan a toda la universidad. "El profesorado ha aumentado su carga docente, las bajas solo se cubren en casos límites, las promociones del profesorado y los planes de estabilización también se están viendo muy afectados, la ayuda de acción social y otras ayudas propias a estudiantes se han reducido considerablemente", explica Rosario Gómez. En cuanto a las inversiones, la UMA solo puede acometer las que están cubiertas por el préstamo de la Junta, con lo que cada vez "son más visibles las deficiencias de algunas infraestructuras, sobre todo las más antiguas como puede ser la Facultad de Ciencias".

La Universidad de Granada es otra de las afectadas por esta asfixia financiera. Está a un paso de los números rojos según reconoce a la SER su gerente, Miguel Ángel Guardia. "Desde 2023, estamos en una situación económica delicada, con un remanente de tesorería inexistente, que este 2025 entrará en negativo", explica. Su caso es único, ya que recibe financiación de la Junta de Andalucía pero también del gobierno central para los campus de Ceuta y Melilla. Con ambas partidas, según la gerencia, no cubren los gastos de personal. "No podemos seguir esperando porque el servicio que prestamos está resintiéndose", afirma Guardia que nos cuenta que están en negociaciones con el gobierno andaluz para conseguir financiación extra, vía préstamo o vía subvenciones. "Tenemos que abordarlo y confiamos en que la Junta de Andalucía va a ser consecuente y sensible a las necesidades de la universidad", asegura.

La infrafinanciación en Extremadura, Galicia y País Vasco

En el caso de la Universidad de Extremadura, la economía es "de supervivencia", como explica su rector, Pedro María Fernández Salguero en declaraciones a esta emisora. "Tradicionalmente hemos estado sometidos a una presión económica importante porque básicamente hemos estado en una economía de supervivencia", afirma. "Tenemos un déficit acumulado que corresponde a la bonificación de matrícula que no se han ido abonando por los diferentes gobiernos autonómico", explica el rector. Es decir, que el agujero de unos 14 millones de euros de esta universidad corresponde a las bonificaciones de matricula aprobadas por la Junta de Extremadura que el gobierno autonómico todavía no ha abonado al centro. Esta situación les ha llevado a aplicar "medidas de contención del gasto". Según explica el rector, "estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para que necesitemos el numero mínimo de profesores y se está negociando con los sindicatos un plan de reducción de puestos de trabajo entre el personal técnico de gestión de administración y servicios".

La Universidad de A Coruña se encuentra en pleno proceso de aplicación de un plan de ajuste exigido por la Xunta de Galicia. Un plan que se puso en marcha en 2023 tras registrar una deuda de más de 13 millones de euros. "Tenemos un déficit acumulado derivado de ejercicios anteriores aunque en los dos últimos años se presentaron presupuestos equilibrados", explica su rector, Ricardo Cao. "No estamos aplicando recortes pero sí hacemos verdaderos números de circo", asegura, "operaciones muy complicadas de sostener en el tiempo". Han renunciado a inversiones, a proyectos y están muy preocupados por la conservación de los edificios del campus. "Hay muchas actuaciones que ya no se pueden prorrogar más para mantener en un estadio de seguridad las infraestructuras", afirma Cao.

La situación de déficit afecta también a la Universidad del País Vasco que lleva desde 2021 cerrando presupuestos con números rojos, en algunos casos hasta 20 millones de deuda. Sin embargo, esa deuda no se ha reflejado en la liquidación final de las cuentas ya que el gobierno vasco, hasta ahora, siempre les ha transferido una aportación extraordinaria para cubrir el agujero a finales de año. Sin embargo, desde la universidad explican que la situación no es sostenible y exigen una financiación más holgada.

La austeridad y la contención del gasto

Estos ocho casos que acabamos de enumerar son los más críticos, pero hay al menos otras 13 universidades públicas con las que hemos contactado que nos reconocen que su situación también es complicada a nivel económico. En su caso, o bien aplican lo que llaman austeridad financiera, o bien políticas de contención del gasto.

Nos estamos comiendo nuestros ahorros

—  Fuentes de la UAH (Universidad Alcalá de Henares)

En el caso de las dos universidades públicas más grandes de Castilla y León, la de Salamanca y la de Valladolid, la palabra que utilizan sus vicerrectores de economía para explicar cómo están sobreviviendo a la infrafinanciación es "austeridad". "No tenemos problemas de contratación o de promoción del personal docente pero vivimos una situación de infrafinanciación si nos comparamos con universidades de otros países", afirma Javier González Benito, vicerrector de Salamanca. "Hemos tenido que aprender a ser mucho más eficientes, a priorizar, a ser austeros y afortunadamente no estamos en una situación de ahogo económico, pero si contáramos con más recursos podríamos poner en marcha proyectos que se quedan en un cajón", explica. "¿Cómo hemos sobrevivido", se pregunta Elena Escudero, vicerrectora de la Universidad de Valladolid. " Sobre todo porque hemos ahorrado en infraestructuras y porque tenemos los salarios más bajos de España", explica. El problema fundamental en Castilla y León, según estas universidades, es que no cuentan con un plan de financiación plurianual. "Es muy difícil presupuestar bien una universidad cuando no conoces cuál va a ser tu financiación", asegura Escudero. Acusan también el problema de la infrafinanciación. "Tenemos una financiación muy pobre que solo cubre el 97% de los gastos de personal y una pequeña compensación por la bajada de tasas universitarias en la región desde 2019", afirma esta vicerrectora que asegura que se están financiando con remanente, con ahorros que provienen de años anteriores a 2018. "Es una forma de financiar que no se puede sostener", sostiene Escudero.

La Universidad de Santiago de Compostela es otra de las que se han apretado, pero bien, el cinturón. En su caso, están todavía pagando una serie de préstamos para inversiones en infraestructuras que recibieron de la Xunta de Galicia. Aunque reconocen que ahora la situación es más estable, hasta 2032 no terminarán de amortizar toda esa deuda. Un caso muy similar al de la Universidad de Zaragoza que ahora afronta una situación "estable y saneada" tras eliminar la deuda financiera que arrastraban de años atrás.

Las universidades públicas de la Comunidad Valenciana y las catalanas también figuran entre los centros que están aplicando políticas de contención y racionalización del gasto. La Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Politécnica de Barcelona se quejan por las prórrogas presupuestarias en esta comunidad que les impiden acceder a una financiación más holgada. Entre las valencianas, la Universidad de Alicante reconoce que a pesar de las medidas de optimización del gasto que están aplicando, están preocupados por proyectos que ya tienen en marcha para la renovación de infraestructuras. En el caso de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, la frase que resumen su situación es clara: “nos estamos comiendo nuestros ahorros”.