"No puedo destinar 1.200 euros a un alquiler porque es lo que cobro"

Madrid

Desde este mes de marzo la justicia puede activar a demanda los desahucios de familias vulnerables en España, después de que PP, Vox y Junts hayan tumbado el decreto del escudo social que incluye esa protección entre otras medidas. La expulsión no sería inmediata, requeriría un proceso que da margen al gobierno para intentar sacarlo adelante antes de que familias como la de Richard se queden en la calle.

Más de una década solicitando una vivienda social que no llega

"Llevamos muchos años luchando por conseguir el acceso a una vivienda en España", declara Richard nada más empezar la conversación con la Cadena SER. Este madrileño de 54 años renueva puntualmente desde hace más de una década sus solicitudes ante la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital de una vivienda pública, social, hasta ahora sin suerte. "Desde 2007 somos solicitantes de vivienda pública y social. Primero al IVIMA, luego a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y también a la EMVS del ayuntamiento. Cada año renovamos las solicitudes y nunca nos ha tocado una vivienda", explica.

Durante mucho tiempo, Richard y su familia han vivido de alquiler en el barrio de Vallecas, pero la crisis les dejó sin ingresos, sin posibilidad de hacer frente a las mensualidades y ante la perspectiva de quedarse en la calle con dos hijas por aquel entonces. "La crisis de 2008 nos alcanzó a nosotros en 2013-2014. Perdimos el trabajo y no podíamos seguir pagando el alquiler. Para no dejar de pagar al casero de aquella casa decidimos irnos antes de generar una deuda".

Instinto de supervivencia

Por aquel entonces el paro alcanzaba cifras récord en España y, en paralelo, también tocaban máximos las ejecuciones hipotecarias por impagos a los bancos. "En el distrito donde vivo, que yo soy de aquí, había muchísimos pisos vacíos desde hacía años. Y la gente nos dijo: oye, venid para acá. Es instinto de supervivencia. Nadie nos hizo caso, no nos daban una vivienda, nos quedamos solos con nuestras dos niñas pequeñas, así que entramos en una vivienda que era propiedad del BBVA y que después vendió a un fondo americano llamado Ceberus".

En un primer momento, la familia de Richard trató de negociar con el banco el uso de esa casa vacía. "Pedimos un alquiler, un alquiler ajustado a nuestros ingresos, que eran mínimos, un alquiler social asequible. La respuesta del BBVA era que no", explica Richard que, sin embargo, fue absuelto de un delito de usurpación, explica su abogada, Alejandra Jacinto, por su situación de vulnerabilidad y por demostrar que había solicitado una vivienda pública a las administraciones públicas de forma reiterada sin éxito. "Con el fondo no ha habido ninguna comunicación. Con el banco podíamos ir a la oficina, organizar una acción, tenía que salir alguna persona y había una comunicación, pero con el fondo americano no".

9 desahucios paralizados y el apoyo de la ONU

El caso de Richard y su familia, de la falta de respuesta de las administraciones a su situación, es paradigmático, apunta su abogada, hasta el punto de que fue el primer desahucio paralizado en España por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. "Hemos soportado 9 señalamientos de desahucio, se dice pronto. Siempre han sido paralizados. Tenemos cuatro medidas cautelares de la ONU. Los abogados Javier Rubio y Alejandra Jacinto elevaron a la ONU nuestro caso y Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), dictó una primera medida cautelar en el 2018 diciéndole al Estado que no nos podía desahuciar por el estado de necesidad de nuestra familia". En esa comunicación a España, la ONU planteaba dos alternativas, o dar una solución habitacional a la familia o suspender el desahucio.

Con la crisis provocada por la pandemia, el gobierno puso en marcha el primer escudo social que, con el tiempo, ha ido renovándose y ampliando su vigencia hasta ser de carácter anual. Pero PP, Vox y Junts han tumbado el decreto que debe mantener esta batería de medidas que protegen a familias como la de Richard. "Nosotros somos una familia vulnerable. Yo soy un trabajador empobrecido. Yo no puedo destinar 1.200 euros a un alquiler porque es lo que yo cobro. Mi mujer trabaja en B, donde la llaman, limpiando alguna casa o para cuidar a una persona mayor y ya está. Así está el sistema, los contratos que tenemos son miserables. Yo no paso el casting en una inmobiliaria, es imposible. Hacer un alquiler de renta libre con nuestro perfil es imposible. Por eso estamos resistiendo". El precio medio de un alquiler en España es ya de 1.184 euros, según datos recopilados por Helpmycash. Son 400 euros más que el de una hipoteca.

Casos de extrema necesidad

En el texto que los partidos de derechas se niegan a apoyar, las condiciones para que el escudo social proteja a las personas que viven en una casa sin contrato, como la familia de Richard, son muy concretas y exigentes. Deben demostrar una extrema necesidad y cooperar con los servicios sociales y la suspensión temporal del desahucio sólo está contemplada para viviendas de empresas o de personas con más de diez casas. PP, Vox y Junts llaman okupas a personas en esa situación, personas como Richard, que no comprende la postura de estos partidos. "¿Cómo puede haber tan malos seres humanos que van a hacer sufrir a tanta gente? Esto es de locos. Me repugna totalmente por el dolor y el sufrimiento que van a causar a miles de familias".