El presunto cabecilla del caso Forestalia reconoció a la Guardia Civil que trató de proyectos eólicos con Antxón Alonso

Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica imputado en el caso Forestalia declaró ante los agentes de la Guardia Civil que registraron su domicilio que trató con el empresario Antxón Alonso -imputado en el caso Koldo y supuesto socio de Santos Cerdán- sobre proyectos eólicos antes de acabar entrando en el entramado societario por el que ahora se le atribuyen delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

Así lo recoge un atestado de la Guardia Civil al que tuvo acceso la Cadena SER y que se ha incorporado al sumario de la causa que se sigue en un juzgado de Teruel, por las maniobras que supuestamente a cambio de precio habría desarrollado Domínguez para conseguir informes de impacto ambiental favorables a los proyectos de Forestalia.

En su declaración explicó que "a raíz de su actividad profesional" en el Ministerio de Transición Ecológica entabló relación con Ignacio Emilio López-Galiacho, CEO de una consultora medioambiental a cuya sede acudía Domínguez, según señalaron distintos testigos, cuando acababa su jornada laboral en el organismo público.

Fue él quien le informó, según su relato, "de la posibilidad de invertir en temas relacionados con energías renovables y parques eólicos".

"A partir de ese momento Ignacio López-Galiacho le presenta a D. Joseba Antxon Alonso para mantener conversaciones sobre los posibles proyectos mencionados anteriormente", dice el atestado, que no concreta si alguno de esos proyectos llegó a cristalizar.

Antxón Alonso está investigado en la pieza de presunto amaño de obra pública en el caso Koldo a partir de la relación de su empresa Servinabar con Acciona en proyectos en los que habría expresado interés Santos Cerdán dentro del Ministerio de Transportes. Según un contrato privado hallado en unos registros, el exsecretario de organización del PSOE ostentaría en la sombra un 45% de esa sociedad.

Ese formato de contrato privado no elevado a público es el que ha aflorado en esta causa y que apunta directamente a Eugenio Domínguez. Se trataba de compraventas de participaciones sociales que se guardaban en la caja fuerte de una Notaría, acuerdos que permitían al otrora cargo del ministerio, elevar a público sus condiciones de manera individual si lo deseaba.

Según detalla el informe de la UCOMA, Antxón Alonso es socio de la empresa Next Generation Caliope Innova y fue la persona que presentaron a Domínguez para iniciar “una inversión en proyectos de energías renovables”, unos proyectos en los que, "sorprendentemente", el mismo Dominguez "participó mediante el desarrollo de propuestas de Declaraciones de Impacto Ambiental durante su etapa en el MITECO".

En este sentido, ante la Guardia Civil explicó que "posteriormente" a aquel contacto con Antxón Alonso, mantuvo "diversas entrevistas y en una de ellas le presentan a Roberto Pérez Águeda", también investigado, y que se presentó como "especialista en empresas que se dedican a la explotación de energía eólica".

Fue en su despacho donde le mostró "un esbozo" de cómo iba a crear la estructura societaria para desarrollar esos proyectos "donde presuntamente iban a recaer los supuestos beneficios producidos por la explotación de diferentes parques eólicos". También quién le dijo, según Domínguez, cómo debía hacerse el papeleo y ante qué notario.

Eugenio Domínguez y su mujer compraron participaciones de dos empresas (Caliope Smart Energy y Caliope Energy Greem) tanto a título personal como a través de una empresa familiar, Estudio de Asesoramiento Dherco. Todo, en esa modalidad de contrato de "depósito", lo que la Guardia Civil traduce como "maniobra de ocultación".

En ese contrato, además, "se obvia consideración de Persona de responsabilidad Pública, por los cargos públicos ejercidos en el MITERD y se le reconoce como empresario por parte del notario, ocultando el posible conflicto de intereses que podía generar la firma de dicho contrato", que se podía elevar a público sin presencia de todos los intervinientes en cualquier momento.

Sociedades pantalla y cinco millones

Lo que sostiene la UCOMA es que Roberto Pérez Águeda era en realidad un "testaferro o persona interpuesta" entre el dueño de Forestalia, Fernando Samper, y el alto cargo de Transición Ecológica para canalizar "la percepción de posibles contraprestaciones económicas por parte de este último, al crear y gestionar empresas pantalla" como esas dos que compró con el contrato privado.

En este sentido, la Guardia Civil se personó para registrar las sedes de las dos empresas y se toparon con domicilios particulares habitados sin relación con actividad mercantil alguna.

Lo mismo ocurrió con Babieca, sociedad de la que ambas empresas del alto cargo poseían el 97% y que recibió una inyección de cinco millones de euros que ahora la UCOMA sitúa como un cohecho: "Pudieran ser mercantiles pantalla, creadas “ad hoc”, para la constitución del entramado mercantil, previamente acordado para los fines del presunto pago a Eugenio Jesús Domínguez como contraprestación de sus comportamientos, presuntamente delictivos", dicen los agentes.

"Es fácil deducir cuando se analizan las diferentes irregularidades que cometió Eugenio Domínguez para facilitar la obtención de declaración de impacto ambiental favorables para proyectos de Forestalia, que la contraprestación que se ha descrito fue a cambio de esta facilitación irregular", añaden.