Un experto en Derecho Internacional explica por qué no se puede capturar a Putin o Netanyahu si tienen órdenes de detención internacionales

Madrid

"¿Hay alguien ahí fuera?". La pregunta, popularizada por el cine de ciencia ficción, sirve también para describir el papel de la justicia internacional en un momento de creciente incertidumbre global. Como ha explicado la periodista Isabel Vega en Hora 25, en medio de conflictos, tensiones diplomáticas y cuestionamiento del derecho internacional, los grandes tribunales supranacionales siguen funcionando, aunque con evidentes limitaciones.

En Europa, el referente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Este órgano actúa como última instancia para los ciudadanos que consideran que su Estado ha vulnerado sus derechos fundamentales. Para llegar hasta él es necesario agotar previamente todas las vías judiciales nacionales, incluido el Tribunal Constitucional.

Lejos de ser un tribunal de apelación tradicional, el TEDH no revisa sentencias, sino que analiza si durante el proceso judicial se han respetado los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sus resoluciones, sin embargo, han tenido un impacto directo en legislaciones nacionales. España, por ejemplo, fue condenada por vulnerar la libertad de expresión tras la quema de fotos de los reyes en Girona en 2007, lo que contribuyó a modificar la interpretación jurídica de estos actos.

Además, la doctrina de Estrasburgo ha influido en casos de terrorismo, al invalidar declaraciones policiales no ratificadas ante un juez por falta de garantías. "A ver qué dice Europa" es, de hecho, una frase habitual en ámbitos judiciales como la Audiencia Nacional.

El acceso al TEDH no está exento de obstáculos. El procedimiento exige presentar la demanda en un plazo de cuatro meses y, de forma llamativa, todavía requiere envío postal. A ello se suma la carga de trabajo de un tribunal que da cobertura a 46 países del Consejo de Europa, lo que explica la lentitud de muchas resoluciones.

Europa y el papel del TJUE

Junto al TEDH, otro pilar clave es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), encargado de garantizar la correcta interpretación del derecho comunitario. Este tribunal se divide en dos ramas: el Tribunal General, que resuelve recursos contra decisiones de instituciones europeas, y el propio TJUE, que responde a dudas de jueces nacionales sobre la aplicación de la normativa europea.

En los próximos meses, este órgano volverá al centro del debate en España por las cuestiones planteadas sobre la ley de amnistía, lo que evidencia su papel como árbitro jurídico dentro de la Unión.

Más allá de Europa, el foco se amplía hacia la justicia internacional en sentido estricto, donde destacan dos instituciones: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI). La primera, dependiente de Naciones Unidas, juzga a Estados; la segunda, a individuos por crímenes como genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra.

Un ejemplo reciente es la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ por la ofensiva en Gaza. Aunque el tribunal admitió el caso y ordenó medidas como facilitar ayuda humanitaria, no impuso un alto el fuego inmediato, lo que generó críticas. Además, aunque sus resoluciones son vinculantes, carece de mecanismos efectivos para obligar a su cumplimiento, quedando en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el veto de potencias como Estados Unidos limita su alcance.

¿Por qué no se puede capturar a Putin o Netanyahu si tienen órdenes de detención internacionales?

En paralelo, la CPI ha emitido órdenes de detención contra líderes como Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, pero su efectividad depende de la voluntad de los Estados para ejecutarlas, lo que pone de relieve una de sus principales debilidades.

El abogado Manuel Ollé, especialista en justicia internacional, reconoce las limitaciones estructurales de estos organismos. "Es muy sencillo: la Corte Penal Internacional tiene las manos libres para aplicar su código penal, el Estatuto de Roma. En el caso de estos, existe el tema del cargo oficial, tiene las manos atadas porque cuando se emite esa orden de detención, se abandona a la buena voluntad de los Estados. Si Netanyahu está en su país, no va a pasar de ahí, porque van a boicotear que se produzca la entrega a la Corte", ha comenzado explicando.

Ollé advierte además de un creciente boicot político a la CPI. "Es repugnante el tema de los ataques a la independencia y el acoso a los jueces de las Cortes. Leíamos en la prensa los hackeos y el espionaje a los magistrados por parte de Israel o las campañas que sufren también los fmailiares. Es un delito continuo de obstrucción a la Justicia, y eso les hace impunes ante la Corte Penal Internacional", ha señalado.