El Supremo ordena investigar los bienes de Ábalos y Koldo por la fianza de 60.000 euros que ninguno ha pagado

Madrid

El Tribunal Supremo ha dictado dos providencias que ordenan una averiguación patrimonial tanto del exministro José Luis Ábalos como del que fue su asesor, Koldo García, un paso previo para intentar embargar la fianza de 60.000 euros que se fijó para cada uno de cara al juicio por el caso mascarillas y que ninguno de los dos ha abonado.

"Visto que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a D. José Luis Ábalos Meco para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, sin que el mismo haya consignado cantidad alguna, realícese averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial y con su resultado se acordará", dice la resolución, idéntica en el caso de Koldo García.

Cuando quedan poco más de dos semanas para el arranque del juicio, el Supremo está recibiendo estos días el resultado de requerimientos de información que estaban pendientes como el de Globalia, en el que confirma que el comisionista Víctor de Aldama no recuperó la deuda de Venezuela para la que fue contratado inicialmente, o el de Tragsatec, que atribuye a presiones de Adif la falta de control sobre el trabajo de Jessica Rodríguez, expareja del ministro.

Pero además, se perfila el desarrollo de lo que serán las sesiones del juicio oral. El ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, están citados como testigos el 20 de abril en la sesión de tarde y ambos pidieron hacerlo por escrito, un privilegio que contempla la ley para determinados altos cargos.

La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que así sea. En un informe al que tuvo acceso la Cadena SER, refiere que "pueden acogerse a su derecho a declarar por escrito toda vez que los hechos por los que podrían ser interrogados no conciernen a su desempeño actual de los cargos indicados", sino a su etapa anterior como presidentes autonómicos.

"La Fiscalía, que no ha solicitado la declaración testifical de estas dos autoridades como prueba para el juicio oral, no formula pregunta alguna ni propone cuál deba ser el contenido concreto de sus respectivos informes, más allá de precisar que deberá este contraerse, exclusivamente, al conocimiento que ambos pudieran haber tenido de las adjudicaciones de los contratos licitados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears y su relación con las adjudicaciones previamente concedidas a Soluciones de Gestión", la empresa proveedora de las mascarillas, dice el informe.

Quien tampoco ha puesto objeción es Víctor de Aldama, cuya defensa ha presentado un escrito que no se opone a que ambos declaren como testigos ya que tampoco lo son a propuesta suya. Y eso, pese al reiterado señalamiento público que ha realizado el comisionista en ambos casos.