La Audiencia Nacional obliga a la Embajada en Pakistán a trasladar a España a un fiscal afgano y su familia para que pidan asilo

Madrid

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado al embajador de España en Islamabad que expida los documentos necesarios para que un fiscal afgano que vive en Pakistán con su mujer y sus cuatro hijos pueda viajar a territorio español y pedir asilo, dada la situación de riesgo en que se encuentran. La Abogacía del Estado, sin embargo, está en contra.

En una resolución a la que tuvo acceso la Cadena SER, la Sección acuerda esta medida cautelar en el marco del recurso que la representación de ese fiscal afgano presentó contra la negativa del embajador a expedirle los salvoconductos necesarios para viajar a España en diciembre del año pasado. Consideraba que no había demostrado una "persecución específica contra su persona" en Afganistán.

Sin embargo, la Audiencia Nacional sí ve razones para que España proteja al fiscal y su familia, que "se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad e inestabilidad" en un contexto geopolítico "que ha alcanzado un nivel de máxima gravedad", con Pakistán y Afganistán ahora, además, enfrentados.

Concluye que "existe un riesgo real, concreto y elevado de que puedan ser objeto de actos de persecución, tanto en su país de origen como en el de actual residencia, ambos actualmente inmersos en un conflicto armado abierto".

"Resulta innegable que se dan los requisitos"

"Resulta innegable que concurren de forma plena y contundente los requisitos para la adopción de la medida positiva solicitada consistente en autorizar el traslado de los recurrentes a territorio español, a fin de que puedan formalizar su solicitud de protección internacional. Ello implica que el Excmo. Sr. Embajador del Reino de España en Islamabad expida la documentación necesaria que habilite a la parte recurrente para llevar a cabo dicho traslado", dice el auto.

El fiscal huyó de Afganistán en septiembre de 2021, un mes después de que los talibanes derrocasen la república y proclamasen un emirato sujeto a la sharía. Él había llegado a ser Jefe de la Fiscalía de Delitos Militares de la provincia de Nuristán y su vida, con el nuevo régimen, corría peligro, ya había sufrido un atentado.

Buscó refugio en Pakistán, donde consiguió trasladar también a su familia y donde acabó "malviviendo" en situación irregular, en un tránsito que han recorrido miles de afganos desde entonces.

En su petición ante la embajada de España primero y luego, en la Audiencia Nacional, alegaba el riesgo cierto de acabar deportado a Afganistán, porque esa ha sido la práctica de las fuerzas pakistaníes con los afganos durante los primeros años tras la llegada de los talibanes.

Ahora, hay un riesgo añadido, y es que en Pakistán los afganos ya no pueden, por ejemplo, alquilar una vivienda. Al fiscal y su familia les han desahuciado, de ahí que la situación haya devenido insostenible, según explican a la SER en la Clínica Jurídica de la Pompeu Fabra, donde un equipo de estudiantes como Anna Farrés y la abogada voluntaria Marta Lloch llevan el caso de forma altruista con el director del proyecto, Maurici Pérez.

El recurso aportaba además información de fuentes estatales sobre atentados contra jueces y fiscales en Afganistán, subrayando a qué se enfrentaban ellos si eran deportados. Incluye una carta del mando de la Policía de Nuristán que especifica que fueron a buscarles al que fue su domicilio.

"Los talibanes han causado la muerte de, al menos, 9 compañeros fiscales entre 2019 y 2021", recordaba el escrito. Este fiscal mostraba evidencias de las amenazas telefónicas que había estado recibiendo.

La abogacía pide fianza al fiscal afgano

Sin embargo, la Abogacía del Estado no está de acuerdo. Ha recurrido la medida con un escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, en el que alega además de defectos de forma, porque sostiene que aceptar el traslado cautelar es pronunciarse antes de tiempo sobre el fondo del asunto, que no está acreditada "la existencia de tal peligro, sino la mera suposición de un eventual peligro".

"Se portan supuestas amenazas que son sólo pantallazos de móvil de los que nada se puede extraer. Se alega un intento de asesinato que, no se prueba, tan sólo se aportan unas fotografías. En suma, no existe fumus que permita entender siquiera indiciariamente que el actor sufra un grave riesgo para su vida e integridad física", asegura el escrito.

Para los servicios jurídicos del Estado, no hay además urgencia porque el fiscal vive en Pakistán desde 2022 "sin problemas" por lo que en su opinión, "resulta sorprendente que soliciten ahora el traslado, cuando su situación era la misma (si es cierto lo que alegan) con anterioridad". Añade que ahora que están en guerra con Afganistán, "hace improbable una deportación".

Pide que se fije una fianza para el fiscal afgano a fin de garantizar que puede afrontar los gastos de la tramitación del recurso si lo pierde y le condenan en costas.

"Contradice la posición del Estado"

Para Maurici Pérez, estas alegaciones "contradicen la posición del propio Estado español, que en diciembre de 2022 autorizó el traslado de 25 juezas y fiscales afganas por considerarlas merecedoras de protección". Y pedirle además fianza, añade, "es inaudito" atendiendo a que esta familia "malvive escondida en Pakistán".

También contradice esa postura, señala, los llamamientos de ACNUR, "que ha activado dispositivos de emergencia en la región y ha instado a todos los países a mantener sus fronteras abiertas y respetar el principio de no devolución”, como subraya la propia resolución de la Audiencia Nacional.

El auto recoge que según esos informes, "la situación de los afganos en Pakistán se ha ido deteriorado significativamente desde finales de 2023, y 2024– 2025 han marcado la mayor campaña de expulsiones forzosas en la historia reciente del país, situación que ha alcanzado un punto crítico ya que Pakistán comenzó una ofensiva contra la capital de Afganistán, Kabul, declarando estar en 'guerra abierta' con Afganistán, con el consiguiente impacto humanitario en territorio afgano".

"ACNUR sigue haciendo un llamamiento a todos los países para permitir que la población civil que huye de Afganistán pueda ingresar en sus territorios, para garantizar el derecho a solicitar asilo y asegurar el respeto del principio de no devolución en todo momento. En su actualización de mayo de 2024 se establece que la situación de seguridad en el país impide cualquier posibilidad de reubicación interna segura", dice la resolución de los magistrados.

El recurso de la Abogacía no suspende la orden de la Audiencia Nacional, pero lo ajustado de los plazos hace prever que si los magistrados estiman sus argumentos, esa medida no llegará a ejecutarse, es decir, el fiscal, su mujer y sus cuatro hijos -incluida una niña, con lo que eso implica si vuelven a Afganistán- tendrán que esperar en Pakistán a que se resuelva el fondo del asunto.