El juez Peinado vuelve a mandar a Begoña Gómez ante un jurado popular

Madrid

El juez Peinado ha vuelto a mandar ante un tribunal del jurado a Begoña Gómez, a su asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado vuelve a dictar un auto de transformación después del varapalo de la Audiencia de Madrid, que le reprochó que, casi dos años después de abierta la causa, solo tenía sobre la mesa meras sospechas.

En una resolución de 47 páginas, el juez sostiene que hay indicios de los delitos de malversación, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca contra los tres investigados.

Juan Carlos Peinado defiende que Begoña Gómez se sirvió de su condición de mujer del presidente del Gobierno para disparar su carrera profesional "bajo el paraguas" de la Universidad Complutense.

En paralelo a ese crecimiento profesional, se produjo el crecimiento empresarial de Juan Carlos Barrabés, que vio cómo creció la facturación de sus empresas con las adjudicaciones públicas al calor de su implicación en las formaciones académicas que codirigía la mujer del presidente del Gobierno. Cristina Álvarez asesoraba en esas actividades privadas mientras cobraba un sueldo público como asistente personal nombrada por Moncloa. Álvarez "no actuaba como mera acompañante ocasional, y para actos protocolarios derivados de su agenda institucional como esposa del Presidente del Gobierno sino como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica de Gómez, pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo", según el juez, que añade que estamos por tanto ante un presunto delito de malversación "en cuanto revela una posible desviación de recursos públicos para fines distintos de aquellos a los que estaban legalmente destinados"

Dice el auto que "la investigada Begoña Gómez, Fernández, desde su prevalente posición de esposa del Presidente del Gobierno, en la realización de actividades no institucionales, sino de carácter totalmente privado, contacta, con el empresario, y también investigado, Juan Carlos Barrabés al que le hace ir a la sede la Presidencia del Gobierno, así mismo, lo hace con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, se reúne con ellos, en las dependencias del Palacio Presidencial, situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano, escribe cartas sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos, de contratos de prestación de servicios, se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esa situación de capacidad de decisión, de su esposo, contrata a su amiga e investigada, María Cristina Álvarez Rodríguez, a la que utiliza no solo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas"