¿Quién manda de verdad en España? El periodista Rafa Méndez radiografía el poder de los altos funcionarios del Estado

Madrid

¿Quién manda de verdad en un país? ¿Quién tiene el poder en un estado? ¿El presidente del Gobierno? ¿Los ministros? ¿Los empresarios? ¿Los dueños de los medios de comunicación Bueno, pues quien de verdad mueve los hilos del poder en España son los altos funcionarios. A menudo emparentados, amigos íntimos y enemigos descarnados, todos ellos copan, con sus apellidos compuestos, los altos puestos del funcionariado: letrados de las Cortes, letrados del Consejo de Estado, abogados del Estado... Con cabezas bien amuebladas capaces de superar una durísima oposición, en ocasiones, cuando llega el momento, logran mantener un pie en lo público y otro en lo privado. Uno en la administración y otro en la empresa. Siempre manteniendo un halo de respetabilidad, con una tarjeta de visita con el sello del Reino de Estapa. Esto lo escribe el periodista Rafa Méndez en el libro que acaba de publicar: "Los dueños del Estado" con la editorial Península. En 'Hora 25' hablamos con él.

¿Estas élites son un Estado dentro del Estado? "Siempre hablamos de que mandan los políticos, los empresarios, los periodistas, pero estos también mandan. Si tú tienes un abogado del Estado en un ministerio que decide que algo no se puede hacer, es muy difícil saltárselo. Y eso está muy bien. Hay contrapoderes. El poder tiene un límite. Pero, entonces, ese poder conlleva que tengamos también que hablar de ellos: quiénes son, cuáles son sus sesgos y, en su caso, cómo pasan de un lado a otro, a la empresa privada y vuelven al día siguiente", argumenta Méndez.

Abogados del Estado, incompatibilidades y otros asuntos

¿Hay abogados del Estado que por la mañana defienden al Estado en los tribunales y por la tarde con su despacho privado pleitean contra el Estado y le desangran económicamente? "Contra la Administración General del Estado no pueden pleitear, otra cosa es que no haya controles, contra comunidades autónomas y ayuntamientos sí. Pero los puede firmar el colega de despacho. Nadie los inspecciona y todos cuentas que cuando a alguno se le pilla lo que se le pida es que coja una excedencia. Nunca hay un expediente. Y luego hay los que están a la vez en la abogacía del Estado y en empresas", cuenta el periodista murciano.

En uno de los capítulos del libro se cuenta el caso del abogado del Estado que defendía a Hacienda y trabajaba en negro para Afinsa, una de las mayores estafas de la historia reciente. "Era el secretario del consejo de Afinsa y en el juicio se vio que había papeles de la estafa con el membrete de la Abogacía del Estado. Era muy gracioso porque él decía que su compatibilidad era total", explica Méndez.

Hay un caso muy sangrante, también, que es el de Enrique Arnaldo. Este señor hoy es el máximo representante de la derecha dentro del Tribunal Constitucional. Pero en su día, cuando era letrado de las cortes se dedicaba a facturar a través de su despacho privado a organismos en las comunidades del PP. ¿Esto es legal? "Él lo justificó diciendo que no era asesoría sino informes de servicio. Pero es que además era catedrático en la Rey Juan Carlos, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte y daba clases en la Universidad Cardenal Cisneros, cuando no se puede dar clases en dos universidades. Tenía como cuatro cargos, que el día no da para eso. Yo tengo un trabajo y lo hago mal", dice.

No siempre lo hacen compatibilizándolo. Hay muchos abogados del estado, por ejemplo, que se sacan la oposición, están unos años defendiendo al estado, y cuando ya han cogido experiencia y contactos, se cogen una excedencia y se van a la empresa privada a pleitear contra el Estado. Porque se conocen las leyes por dentro y cómo atacarlas: "Te dan el carnet de listo cuando te sacas la oposición, entonces el Estado ha decidido que eres listo. Pero, claro, eso tiene unas causas. Llega un momento en el que no hay progresión laboral en la Administración, no subes lo suficiente y dices: coño, yo quiero ganar dinero", argumenta.

El ejemplo más bestia de esto es el de dos abogados del Estado que hicieron la Ley de Puertos y que pasaron a trabajar en la privada acabaron explicando a las empresas cómo beneficiarse de esa misma ley para ir en contra de los Puertos del Estado. "Todo esto es legal. Lo cuentas y alguno se molesta. Hay un letrado de Cortes que estando en activo, como las Cortes no son la Administración General del Estado, él se dedicó a crear la doctrina de las expropiaciones que nos costó 3.000 millones de euros a los contribuyentes. Pero él no era funcionario de la Administración General del Estado y no había problema. En las Cortes por la mañana y por la tarde pleiteando contra el Ministerio de Fomento", nos cuenta Rafa.

Para concluir, Rafa Méndez intenta entender qué está pasando: "Claramente, el sistema está fallando porque no tienes proyección, no puedes hacer carrera. Cuando algo pasa mucho y está muy extendido alguna causa tiene que haber. Porque a todo el mundo le gusta el dinero. Pero algo está pasando".