Una jurista demanda al Ministerio de Igualdad por discriminación e impago en la etapa de Irene Montero

La abogada experta en derechos humanos Adilia de las Mercedes ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Igualdad en la que reclama por discriminación y enriquecimiento injusto durante la etapa de la exministra Irene Montero. Acusa a su equipo de apropiarse de los trabajos que realizó para la reforma de la ley del aborto borrando su autoría y sin una remuneración justa. El Consejo de Estado revisó el expediente sin encontrar irregularidades. Ahora, lo hará el Contencioso.

La demanda, a la que tuvo acceso la Cadena SER, inició su tramitación el pasado 11 de febrero en la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuando los magistrados dieron plazo a la Abogacía del Estado para contestar.

Para esta fecha, ya había dado frutos la reclamación que había iniciado la abogada dentro del propio ministerio. El Instituto de la Mujer rechazó su pretensión al concluir que no existían contratos verbales entre el organismo y la abogada y que no había irregularidades en los dos contratos administrativos que figuran.

Se apoyaba en un informe del Consejo de Estado del que se desprende que esos dos contratos administrativos abarcan todos los trabajos que la abogada realizó para Igualdad aceptando las condiciones económicas, lo que a ojos de la demandante, es una contradicción con lo que resuelve el Instituto de la Mujer. Ella lo que sostiene en todo caso es que ni uno ni otro contrato cubren el encargo verbal que alega de realizar el borrador de la reforma de la ley del aborto, ni en el concepto, ni en el importe. Eso es lo que reclama, además de una indemnización por discriminación.

Un "esqueleto" de la ley

La letrada refiere que en octubre de 2021, le contactó María Naredo, del gabinete jurídico de la Secretaría de Estado de Igualdad y le encargó la elaboración de un "esqueleto o esquema" con la estructura técnica de lo que sería la reforma de la ley del aborto. Se le pagaría un máximo 4.999 euros a través del Instituto de la Mujer con el sistema de anticipo de caja fija.

Lo que sostiene la demanda es que a golpe de conversaciones en aplicaciones de mensajería se le fueron pidiendo más aportaciones y lo que empezó siendo un esqueleto de la ley acabó siendo un borrador del proyecto de reforma. La abogada planteó a la directora del Instituto de la Mujer, Antonia Morillas, también a la propia Naredo, que había que cambiar las condiciones de ese "contrato verbal", porque el objeto había cambiado, y ajustar la remuneración y siguió trabajando bajo promesa que se arreglaría.

Expone que la letrada entregó un borrador de la reforma de la ley del aborto en enero de 2022, tras semanas de trabajo durante las que discutió diversos aspectos e incorporó peticiones que le iban trasladando las integrantes del equipo de Irene Montero, entre las que cita a la entonces secretaría de Estado Angela Rodríguez (Pam).

Aporta toda una batería de conversaciones de Telegram, emails y whatsapps para evidenciar estos intercambios, así como un análisis comparativo entre el documento que ella entregó y la reforma legislativa que vio la luz para evidenciar el nivel de coincidencia en ambos textos, con 13 artículos idénticos y 10 idénticos con adiciones, así como 17 en el mismo sentido. "Únicamente 7 artículos del texto final de la Ley 1/2023 de un total de 48 no tuvieron ninguna influencia del borrador original", señala.

"No solo D.ª Adilia de las Mercedes entregó el producto solicitado en fecha y en tiempo récord, sino que además, dicho producto fue determinante para que la ley saliera adelante en los plazos establecidos por la ministra. Dicho de otro modo, sin el trabajo de la recurrente la ley no habría sido promulgada en fecha y quizás ni siquiera aprobada", asegura.

Subraya, con esta premisa, que no percibió más que los 4.990 euros pactados por lo que iba a ser un "esqueleto" y que a nivel administrativo se documentó como una asesoría técnica, tal y como recoge el expediente.

"Eres extranjera"

Asegura que en este proceso, Naredo le hizo saber que no se podía dar a conocer su autoría de la iniciativa legislativa por su origen extranjero ya que desataría las críticas de "la derecha", cosa que las fuentes de aquel gabinete consultadas por la Cadena SER niegan taxativamente.

Ese pago se formalizaría en marzo de 2022, pero según De las Mercedes, para entonces el Instituto de la Mujer le estaba hablando de una siguiente colaboración, un contrato para la elaboración de "un argumentario jurídico o inventario de estándares internacionales" en materia de salud sexual y reproductiva que se tramitaría por la fórmula de "un contrato menor a cuya licitación la recurrente sería invitada" si, previamente, presentaba una propuesta.

La demanda explica que "en la confianza" de que en algún momento se desbloquearía ese pago que entendía pendiente por el borrador de la ley, hizo la propuesta y se le adjudicó el contrato por importe de 14.800 euros brutos. Detalla toda una batería de incidentes que demoraron este asunto hasta 2023, cuando asegura que la entonces responsable de programas del Instituto de la Mujer, en una reunión, "descalificó" su trabajo en una manifestación de "violencia institucional".

La letrada expone que como reparación por aquel agravio, por el que le pidieron disculpas, se le ofreció publicitar ese inventario de estándares que había realizado distribuyendo copias. El documento se internacionalizaría en colaboración con otro organismo y se presentaría en un evento público, reconociendo su autoría. Sin embargo, nada de esto tuvo lugar.

"El mentado 'argumentario jurídico' jamás fue publicado. Lo que conduce a la conclusión inequívoca de que se trató de una estrategia dilatoria mientras se cumplía con el trámite parlamentario de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo y, a la vez, se consolidaba el relato mediático de que había sido el Ministerio de Igualdad quien estuvo a cargo de la redacción de la norma", dice la demanda.

"Fueron decenas de aportaciones"

Fuentes del gabinete que entonces comandaba Irene Montero aseguran a la SER que aquel proyecto legislativo se nutrió de "decenas de aportaciones" y que ninguna en solitario puede reivindicar su autoría.

Inciden en que el Consejo de Estado ya ha concluido que la contratación se hizo conforme a la legalidad y los trabajos fueron facturados y cobrados por la demandante, que "aceptó las condiciones que para ambos casos le fueron formuladas por escrito".

Ella lo que sostiene es que no hubo dos contratos sino tres, el que se habría producido verbalmente entre ambos y que supuso elaborar el borrador de la reforma legislativa, cuya autoría no ha sido puesta en duda en el dictamen del Consejo de Estado.

"Al ser el reconocimiento de su condición de autora un derecho irrenunciable e inalienable, no puede ser privada del mismo. Y en este caso, al haber sido privada de este derecho intelectual, la consecuencia palmaria es que se le ha generado un daño moral a la recurrente", dice la demanda.

Reclama la nulidad de todos los contratos y que se estime por la Sala" el trato discriminatorio interseccional cometido por el Ministerio de Igualdad contra la recurrente, por motivos de origen nacional/étnico, condición de mujer refugiada y racializada, así como por sus ideas". Además, solicita que se condene al organismo a resarcir a la letrada con 97.860 euros por enriquecimiento injusto y se la indemnice en más de 274.000 euros por daños físicos y morales.