Begoña Gómez impugna la decisión de Peinado porque quiere llevarla ante un jurado popular "por ser la mujer del presidente del Gobierno"

Madrid

Begoña Gómez recurre el segundo intento de Juan Carlos Peinado para sentarla ante Jurado popular por cinco delitos, después de que la Audiencia de Madrid tumbara el primero porque no había sido capaz de argumentar unos indicios de delito atribuibles a los investigados. Dice que el escrito que el magistrado presenta "indicios falaces" que no tienen la entidad que les da y que resulta "absolutamente singular" que siga manteniendo que hay argumentos para llevar a Gómez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario, Juan Carlos Barrabés, ante un Jurado Popular.

"La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del Presidente del Gobierno", subraya, porque "solo hay conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno o que están absolutamente excluidas por otras pruebas que hay en la causa y olvidos, demasiados olvidos".

El abogado señala, además, que el juez ha podido reconducir este procedimiento a la ley del jurado, por tratarse de un asunto muy muy mediático y abierto, sin reservas a la opinión pública, lo que puede haber vulnerado el derecho a un juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que sufre Begoña Gómez

Malversación

El escrito impugna uno a uno los cinco delitos que le atribuye el juez: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida de marca. Desvincula su trayectoria profesional y la cátedra extraordinaria que codirigió de la de su marido y recuerda que ella trabajaba en la Universidad Complutense muchos años antes de que Pedro Sánchez tomara las riendas del PSOE y llegara a la Moncloa.

Reitera que "no existe un Estatuto de la cónyuge del Presidente del Gobierno, que esta figura no está regulada" y que "la interpretación que hace el instructor de esta realidad no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la Democracia y supondría que el personal de servicio del Moncloa que, por ejemplo, hiciera la comida y se la sirviera a mi representada, cometería también un delito de malversación de caudales públicos.