EEUU encarcela a un empresario español que se enfrenta a 35 años de cárcel por violar el embargo a la petrolera venezolana PdVSA

Madrid

El 7 de diciembre de 2021 la Corte del Distrito de Florida del Sur abrió una causa contra el empresario español, Juan Carlos González Pérez, dueño de Aerofalcon S.L y expresidente de la empresa panameña Insumos Médicos del Pacífico, donde compartió sociedad con Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Juan Carlos González está acusado de formar parte de una presunta trama para saltarse el embargo que el Gobierno de EEUU impuso a la petrolera venezolana PdVSA. Este empresario se enfrenta a un máximo de 35 años de cárcel, acusado de varios delitos, en concreto, "conspiración para exportar ilegalmente bienes a PdVSA" (máximo de 20 años de cárcel); otro de "contrabando de mercancías" (máximo de 10 años de prisión) y un último de "información de exportación falsa o engañosa" (máximo de 5 años).

Toda esa mecánica se articuló a través de su empresa Aerofalcon S.L, que fue "utilizada como intermediaria para colocar piezas de aviones estadounidense a la petrolera PdVSA", según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la SER.

Cinco años después de aquella acusación, EEUU ha logrado encerrar en una prisión de Miami a este empresario nacido en Burgos. Juan Carlos González Pérez fue detenido el pasado 12 de marzo en República Dominicana, según ha confirmado la SER, a través de sus abogados.

La Dirección General de Migración le arrestó en el aeropuerto Internacional Las Américas de Punta Caucedo. Y, automáticamente, fue enviado a Miami (EEUU), donde ha sido encarcelado.

"Dicha actuación constituye una amenaza inminente a sus derechos fundamentales, ya que la extradición solo puede realizarse mediante el procedimiento judicial correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia", según el escrito de amparo presentado por sus abogados ante el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, consultado por la SER.

Su familia denunció su desaparición

Juan Carlos González salió de España el pasado 10 de marzo rumbo a República Dominicana sin que levantase ninguna sospecha en nuestro país. Tres días después de su detención, sin saber nada sobre su arresto, su expareja puso una denuncia por desaparición en una comisaría de Hortaleza, tal y como ella misma ha reconocido a la SER.

Las alarmas saltaron el 13 de marzo, ese día Juan Carlos González había quedado con su hija para llevarla al colegio, pero nunca se presentó. Estaba ilocalizable. Ni contestaba a los WhatsApp, ni atendía llamadas, su teléfono estaba apagado. Nunca llegó a coger el vuelo de Iberia con destino a España. Su familia desconocía que estaba de camino a Estados Unidos para ser encerrado en una prisión de Miami.

Contrabando de repuestos a Venezuela

"Desde 2019 los acusados conspiraron y confabularon para exportar, transferir y comerciar repuestos de aviones procedentes de los Estados Unidos a la empresa venezolana PdVSA, violando las prohibiciones impuestas a PdVSA por el gobierno de los Estados Unidos", según detalla la Corte del Distrito de Florida del Sur en el documento de alegaciones en poder de esta emisora.

En ese escrito se acusa a Aerofalcon S.L de suministrar a representantes de Nicolás Maduro en Venezuela piezas de aeronaves, "ocultando el verdadero usuario y el destino final de las exportaciones mediante declaraciones falsas y documentos fraudulentos, incluyendo la presentación de información electrónica de exportación falsa".

EEUU basa su investigación en el cruce de correos electrónicos

La investigación abierta por el Departamento de Justicia de EEUU ha permitido aflorar la existencia de varios correos en los que la decena de investigados (ver más abajo) eran plenamente conscientes de que estaban saltándose el embargo impuesto a Venezuela. En uno de esos mails, con el asunto "Bloqueo de la propiedad de personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela", uno de los integrantes de esta supuesta trama, Gilberto Araujo, consultó qué tenían que hacer para conseguir repuestos de piezas de aviones Learjet y Dassault Falcon al "no poder entrar en Venezuela debido a las sanciones [estadounidenses]".

En aquel cruce de correos, según recoge el escrito de acusación de la Corte del Florida del Sur, incluso se detalló el sistema de pagos, confirmando que PdVSA realizaría las transferencias de esos repuestos "a través de terceros", precisando que "lo mejor para la empresa era tener una cuenta en Rusia, China o Malasia y que los bancos intermediarios de la cuenta no estuvieran en los EEUU o en Europa, con el propósito de que el pago se realizara sin problemas".

Una cuenta en Rusia y ser "más cautelosos"

El 31 de julio de 2019, según la investigación abierta por el Departamento de Justicia de EEUU, el director de Aerofalcon S.L, Juan David Guerra Viera - también detenido- envió un correo electrónico a PdVSA con su propuesta para garantizar el "mantenimiento de la flota de aeronaves FALCON que posee PDVSA", incluyendo la revisión de los motores de las aeronaves Dassault Falcon”, en aquel mail, también se detalló la información exacta con el número de una cuenta bancaria rusa de Aerofalcon S.L en la que debían proceder al pago.

Meses después, el 11 de octubre de 2019, el dueño de Aerofalcon S.L, Juan Carlos González, compró un motor turbofán Dassault Falcon Honeywell (número de serie: P112717) a una empresa estadounidense en Kingwood, Texas por 837.000 dólares, un motor que posteriormente fue exportado a Aerofalcon S.L. en Madrid, motor que después fue enviado a Maiquetía, en Venezuela.

En aquellos días, el director de esta empresa española, Juan David Guerra - extrabajador del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones de Venezuela-, advirtió a sus clientes venezolanos que "después de las nuevas sanciones emitidas por la administración norteamericana” debían ser “más ágiles y cautelosos con el movimiento de estos motores..."

El negocio continuó, Aerofalcon S.L vendió a PdVSA otros dos nuevos motores turbofán Honeywell por 3.395.241 euros. El propio Juan Carlos González firmó una carta dirigida a PdVSA en la que detallaba que esta empresa venezolana pagaría el pedido en una cuenta de “Alfa Bank”, uno de los bancos privados más grandes de Rusia, “utilizando una empresa externa”.

Un certificado de venta "fraudulento"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos centra buena parte de su acusación contra el empresario español en la certificación firmada por el propio Juan Carlos González, el 26 de diciembre de 2019, en la que declaraba que “no desviaría ningún producto de compañías de EEUU a ninguna entidad propiedad del Gobierno de Venezuela o controlada por este, específicamente PdVSA”.

La justicia estadounidense entiende que el CEO de Aerofalcon S.L les mintió porque declaró de forma “fraudulenta” que el “usuario y destinatario final” de aquellos motores de avión “era España”. La investigación abierta por EEUU además detectó que una de las dos facturas infravaloró el valor de los motores de forma “fraudulenta” con el fin de "reducir los costos del IVA”.

Aerofalcon alegó un exceso de stock para vender a Venezuela

La compañía española Aerofalcon S.L tenía firmado un acuerdo con la Fuerza Aérea de la República Dominicana para el mantenimiento de tres aviones CASA-212-400 FAD 350. Sin embargo, solo se trabajó sobre una aeronave. Aquel cambio de planes generó “un alto stock de este material” en sus almacenes. Aerofalcon S.L justificó ante EEUU que “la serie 400 de este modelo de aeronave no opera en las Fuerzas Armadas españolas, por lo que deshacerse de este material, que era obsoleto e incompatible con el modelo español (serie 200), fue difícil y complicado”. La compañía española alegó por escrito que se vio obligada a vender “gran parte de este material, a través de intermediarios a terceros países, incluida Venezuela”.

En ese escrito, Aerofalcon S.L imploraba al Comité de Revisión de Usuarios Finales (ERC por sus siglas en inglés), que depende de la Oficina de industria y seguridad del Departamento de Comercio, que sacase a su compañía de la lista MEU, el registro del gobierno de EEUU que identifica a entidades extranjeras a las que se restringe el acceso a tecnología y productos estadounidenses, debido al riesgo de que se utilicen con fines militares.

Una decena de investigados

En 2024, George Semerene se declaró culpable de formar parte de un plan ilícito para adquirir ilegalmente piezas de aviones de EEUU para venderlas a Venezuela, violando las sanciones y ocultando en los controles de exportación de Estados Unidos que el destinatario final de ese negocio era la venezolana PdVSA, según informó la agencia EFE. El que fuera su jefe de compras logísticas aceptó una condena de 30 meses de cárcel y tres años de libertad vigilada, a cambio involucró a una decena de personas en esta trama, en concreto:

• Gilberto Araujo, gerente de transporte aéreo y coronel en el ejército venezolano – trabajaba para PdVSA-
• Guillermo Marval, analista de logística responsable de adquisiciones en PdVSA;
• Fernando Blequett, analista de logística responsable de adquisiciones en PdVSA
• Luis Duque, propietario de NOVAX GROUP S.A (compañía de Costa Rica)
• Melvin Aleman, director de Operaciones de NOVAX
• Mikhail Largin, director de Proyectos Especiales de NOVAX
• Pedro Sucre, empleado de NOVAX (afincado en Venezuela)
• Juan David Guerra Viera, director de AEROFALCON
• Juan González Pérez, dueño de AEROFALCON

Aerofalcon S.L se declaró en concurso de acreedores, según informó eldiario.es, cuatro días después de que el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador reconociera por escrito que cometió dos delitos fiscales para evitar el juicio.