La realidad sobre la prórroga de los contratos de alquiler del decreto de vivienda: "Es muy discutible jurídicamente"

El pasado viernes, tras una larga reunión, el Consejo de Ministros aprobó finalmente dos decretos dentro del marco del paquete de medidas anticrisis por el conflicto en Oriente Próximo. Uno conlleva rebajas fiscales a los carburantes y la electricidad con límites a los márgenes de las ganancias de las empresas, y otro incluirá la prórroga de los contratos de alquiler que reclamaba Sumar, que incluye una congelación temporal de los precios de arrendamiento, como ya se hizo en otras crisis previas. El plan integral cuenta con un total de 80 medidas y se destinarán 5.000 millones de euros, un montante que Pedro Sánchez dijo que "podríamos estar destinando a becas, sanidad y dependencia y que vamos a tener que destinar a proteger nuestro tejido productivo, empresas y ciudadanos" por las consecuencias de la guerra. Estos decretos entraron en vigor el pasado sábado, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hasta que pasen por el Congreso.

En cuanto al controvertido decreto con medidas sobre vivienda, que fue el causante del retraso de más de dos horas de la reunión del Consejo de Ministros, contiene solamente dos artículos y limita al 2% como máximo la subida de los alquileres cuya renta se tenga que actualizar este año, así como prorroga automáticamente la duración de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2027, pues establece "una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales" de todos los que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, siendo la única posibilidad de no cumplirla que el propietario de la vivienda la necesite para residir en ella tanto él como cualquiera sus familiares más directos si esa cláusula estaba contemplada en el acuerdo firmado por arrendador y arrendatario.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue entrevistada por Aimar Bretos en Hora 25 para tratar el decreto anticrisis que el Gobierno plantea sacar adelante para mitigar los efectos de la guerra en Irán, entre otros asuntos. PSOE y Sumar, que están en un momento tenso de su relación de gobierno, terminaron llegando a un acuerdo y se incluyeron las medidas en materia de vivienda que los socialistas no planteaban en su plan de acción contra la crisis energética, así que Díaz alabó que se adoptara pues "da cierta tranquilidad a 2,5 millones de personas". Mientras tanto, aseguró que siguen negociando para lograr los apoyos necesarios en el Congreso para que la medida pueda mantenerse en el tiempo, aunque surgen muchas dudas al respecto. Este asunto se trató en El Abierto de Hoy por Hoy, donde además de Àngels Barceló, estuvieron Ángel Villarino, Elisa de la Nuez y Javier Aroca.

"Me parece que no es correcto jurídicamente"

La presentadora introducía el tema diciendo que "hay mucho lío sobre el decreto de la vivienda, entre otras cosas porque la propia Yolanda Díaz dijo aquí, en estos micrófonos, que a todos aquellos que se les terminaba el contrato, que mandaran un burofax inmediatamente para intentar la prórroga de ese contrato, que después si acaso ya mirarían en los tribunales a ver qué pasa", algo que "repitió en ese mismo pleno Gabriel Rufián". Esto ha hecho que haya algo de incertidumbre "y ahora mismo hay muchos inquilinos a los que se les acaba el alquiler y no saben exactamente qué hacer". Pablo Anzola dio algo de contexto y explicó que "los expertos a los que hemos preguntado coinciden en que todas las prórrogas que se soliciten estas semanas, mientras el decreto está en vigor, serán válidas incluso si esa norma decae finalmente", ya que, al estar publicado en el BOE, "es de obligado cumplimiento". De esta forma, lo que dicen es que "quienes tengan un alquiler que venza antes del 31 de diciembre de 2027, pueden ya solicitar esa prórroga anual de su contrato exactamente con las mismas condiciones que las actuales".

Por su parte, Patricia Suárez, presidenta y CEO de ASUFIN, decía que lo que hay que hacer es "notificarle de manera fehaciente a su casero que quieren acogerse a la prórroga extraordinaria, que puede ser de hasta dos años más", sin necesidad de que el casero responda a ese burofax o email, porque lo que marca el decreto es que esa prórroga debe ser aceptada obligatoriamente por el propietario. Entre tanto, Elena Herrances, abogada de Legalitas especializada en vivienda, decía que "mientras ha estado en vigor, esos señores que se han amparado en la prórroga extraordinaria de dos años tienen la seguridad jurídica de que la van a mantener", y aunque creen que es probable que algunos casos lleguen a los tribunales, consideran que los inquilinos tendrán las de ganar porque "impera el principio de irretroactividad", es decir, que una persona es juzgada por la ley que estaba vigente anteriormente cuando ocurrieron los hechos, en este caso, la que está en vigor ahora. Eso sí, Anzola apostillaba que "esta medida afecta a los alquileres de larga duración", que "son esos que vencen habitualmente cinco años después de su firma", quedándose fuera los tan habituales de alquiler de habitaciones o temporales.

Con todo ello, fue el turno de Elisa de la Nuez, que llama a la prudencia por la excepcionalidad de todo este asunto y considera que "la interpretación que se propone de este decreto ley, si no se convalida, es muy discutible jurídicamente", puesto que "estamos hablando de un decreto ley, no de una norma cualquiera, por tanto, de una norma que es, por definición, que se convalida o se transforma en un proyecto de ley, por tanto, tratarla como una norma habitual, que es lo que están haciendo desde este sindicato, me parece que no es correcto jurídicamente, porque estamos hablando de una norma de otras características". Igualmente, hablaba sobre los efectos retroactivos o la derogación del decreto ley, y es que "de esto hay mucho debate", porque "no es habitual proponer un decreto ley que se sabe que no se va a convalidar", algo que define como "una especie de trampa". Y ante una situación que es "absolutamente excepcional", quiso llamar a la cautela, pues insistía en que "esto técnicamente tiene mucho riesgo".

Lo que quería decir De la Nuez es que no es tan sencillo como mandar un burofax al casero y automáticamente ver el contrato renovado, que es el mensaje que se ha deslizado y cree que "no es serio", porque están diciendo a la gente que hagan algo amparándose en un decreto ley "que sabes que no te van a convalidar", por lo que dice que "es hacerse trampas al solitario, porque aquí quien tiene que decidir si el decreto ley se le adelanta o no es el Parlamento". La abogada considera que esto es "meter a la gente en pleitos", algo que "no es serio técnicamente ni políticamente".

Escucha El Abierto completo

Este es un fragmento de El Abierto de Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Puedes escuchar la sección completa aquí:

El modus operandi de la Iglesia para ocultar los abusos y pleno bronco por la guerra

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