La Iglesia portuguesa pagará indemnizaciones de entre 9.000 y 45.000 euros a las víctimas de los abusos

Oporto

Cuatro años después de conocerse los horrores sufridos por miles de menores a manos de la Iglesia portuguesa, 57 víctimas recibirán una indemnización que oscila entre los 9.000 y los 45.000 euros. El montante total es de 1,6 millones de euros, según ha hecho público esta semana la Conferencia Episcopal de Portugal (CEP) en un comunicado.

Hasta la fecha, se han resuelto 57 solicitudes; otras diez aún se están peritando y once fueron rechazadas. Estos días “se están enviando, por escrito, las notificaciones con la decisión debidamente fundamentada a todas las personas que hayan presentado un pedido y cuyo proceso fue considerado elegible, independientemente de si la decisión final es de aprobación o de rechazo”, se lee en el comunicado.

Además, el organismo eclesiástico se remite a “decisiones de la Santa Sede” para justificar el rechazo de determinados expedientes, que se debe a “situaciones en que la persona denunciante era mayor de edad en la fecha de los hechos y no fue identificada como un adulto vulnerable; o situaciones en que la persona acusada no pertenece al clero ni ejercía funciones o responsabilidades en el contexto de la Iglesia; y situaciones que no configuraban violencia de naturaleza sexual”.

La decisión de evaluar los casos uno a uno ha sido objeto de debate y de crítica por parte de la asociación de víctimas Corazón Silenciado, que valoró que los denunciantes se habían convertido “en un número más sin rostro, sujeto a una lista de precios del sufrimiento”. Pidió, además, “humanizar” el proceso en vez de “burocratizarlo”, ya que los denunciantes, que tuvieron que repetir en varias ocasiones sus testimonios, apreciaban una situación de revictimización.

En 2022, la sociedad portuguesa afrontaba uno de sus tabúes más dolorosos, cuando la Comisión Independiente nombrada para investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica estableció, como mínimo, 4.815 casos desde 1950, calculados a partir de 512 testimonios y considerados apenas la punta del iceberg. A pesar de las reticencias iniciales de la Iglesia, que en primera instancia dijo que “hablar de indemnizaciones sería incluso ofensivo para las víctimas”, la CEP cambió de opinión y asumió la responsabilidad de afrontar compensaciones económicas, que proceden de un fondo solidario de las diferentes diócesis portuguesas.

Con los crímenes prescritos, no cabía esperar más que el reconocimiento de la culpa y la indemnización de las víctimas por parte de la CEP. El organismo asume que la conclusión del proceso “no significa el fin de la responsabilidad de la Iglesia y quiere aprovechar los organismos de supervisión creados para intentar garantizar “en la medida de lo posible, que las situaciones de abuso no se repitan y que los ambientes eclesiásticos sean espacios seguros y capaces de proteger a todas las personas”. Además, señalan también “un profundo respeto por el dolor” y reconocen que “la atribución de una compensación no apaga lo que ocurrió ni elimina las consecuencias de los abusos en la vida de quien los sufrió”.