Sastre repasa el caso de Noelia: "Se acogió a su derecho ante quienes quisieron imponer su juicio moral a costa del sufrimiento de los demás"

Madrid / Barcelona

600 días. 601 días después, Noelia Castillo, de 25 años, murió ayer al recibir la eutanasia en un hospital de Barcelona. Mucha gente dijo ayer muchas cosas sobre el caso de una chica que tenía derecho a morir con dignidad y que cumplía con todo lo que pide la ley para acabar con un sufrimiento insoportable, grave y crónico, acreditado por los médicos, en un proceso que tenía el aval de la justicia española y europea pese a las trabas que colectivos ultras llevaron ante la misma puerta del hospital.

Esta eutanasia que se produjo ayer estaba en realidad programada para 2024.Eso es lo que pasó ayer en este país: que, después de las trabas que alargaron su padecimiento por 600 días, una mujer se acogió a su derecho a morir con dignidad. Derecho que recoge la ley ante quienes quisieran imponer su juicio moral a costa del sufrimiento de los demás.

El caso de Noelia Castillo

La agonía de Noelia terminó tal y como deseaba. La joven parapléjica de 25 años falleció este jueves al recibir la eutanasia tras 601 días de espera por los recursos judiciales de su padre y la fundación Abogados Cristianos, que se oponía a su muerte digna. Los ultracatólicos han intentado boicotear hasta el último momento la muerte asistida de la joven en el centro sociosanitario donde vivía ingresada.

Su caso provocó el primer juicio en España para decidir la muerte asistida de una paciente que contaba con todos los avales médicos. A lo largo de 20 meses, el proceso de eutanasia de Noelia ha recibido no solo el aval de los 19 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña —la comisión pública de expertos que estudia y valora cada caso—, sino también la autorización de seis instancias judiciales: dos juzgados de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso, como avanzó la SER, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todo ello no ha evitado que la muerte de la joven haya acabado envuelta en un circo mediático, alimentado por bulos difundidos por la extrema derecha en las redes sociales y por la asociación demandante, Abogados Cristianos, que junto a otras iniciativas anónimas ha alentado convocatorias a las puertas del centro sanitario para rezar "por Noelia y su familia" frente al "abandono de la Administración". Mientras, un juzgado de Barcelona rechazaba el enésimo recurso de los conservadores para frenar el proceso de muerte digna.

20 meses de espera judicial

Si nadie se hubiera interpuesto a la voluntad de Noelia, la joven habría muerto el pasado 2 de agosto de 2024. "Me robaron mi día", lamentó ante la jueza que paralizó su muerte asistida por el recurso de su padre y la entidad ultracatólica. Han pasado casi 20 meses del día que la joven había escogido para dejar de sufrir. En ese momento ya llevaba meses esperando tras haber solicitado la prestación y que los expertos de la Generalitat la avalaran tras reunirse en pleno para analizar las circunstancias de su caso.

Esas circunstancias eran, además de su juventud, el precedente autolítico de la paciente, que quedó en silla de ruedas en 2022 tras intentar suicidarse saltando de un quinto piso. En sede judicial, la joven explicó que lo hizo porque había sido víctima de una agresión sexual que nunca denunció. El intento de suicidio provocó que Noelia ingresara en un hospital primero, después en la clínica Guttmann y finalmente en un centro sociosanitario donde ha recibido tratamiento al dolor físico que padece, además de terapia psicológica, por la "ansiedad, tristeza o soledad existencial" incrementadas, según sus médicos, por la espera judicial.

Pese a lo que han sostenido los Abogados Cristianos, el proceso eutanásico de Noelia no responde a una patología psiquiátrica, sino a una "lesión medular irreversible" que le desencadena sufrimientos "graves, crónicos, constantes e imposibilitantes además de no existir posibilidad de mejora con los medios terapéuticos actuales", tal y como reconoció, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal añadía que "la lesión en la columna vertebral genera, de manera irreversible, entre otros, dolor neuropático de difícil control farmacológico".

A la espera de la jurisprudencia del Supremo para evitar nuevos casos

Para evitar que esa situación se reproduzca con otros pacientes en el futuro, como ya ha pasado con Francesc, un hombre de 55 años también en Barcelona, la Generalitat impulsó un recurso de casación en relación a la sentencia del TSJC que legitimó a los familiares de pacientes eutanásicos a impugnar sus solicitudes ante la justicia. El Supremo tiene previsto pronunciarse y sentar jurisprudencia en los próximos meses, dado que el debate se ha elevado al pleno del Alto Tribunal.

"Esa puerta abierta a que cualquiera impugne la eutanasia porque no está de acuerdo y lo paralice durante meses y meses o incluso años es algo inaceptable", lamentaba en la Cadena SER Núria Terribas, experta en bioética y miembro del Comité de Avaluación y Garantías de la Generalitat encargados de estudiar y avalar o descartar las solicitudes de eutanasia.

"Es la propia persona quien decide sobre su vida; igual que es la persona quien decide cuando se divorcia o vende sus propiedades. A nadie se le ocurriría que un tercero presentara un recurso pidiendo que alguien no se separe de su pareja. Es lo mismo", lamentó durante el balance anual de casos de eutanasia el médico Albert Planes, también miembro de la comisión.