Los 'compañeros de negocio' del novio de Ayuso: un condenado por fraude de fondos europeos y su exsocio detenido por violar el embargo a Venezuela

Madrid

El 30 de mayo de 2017, en la planta baja del edificio Angeliki, ubicado en la zona de Campo Alegre de la Ciudad de Panamá, en una notaría pública, se constituyó la nueva sucursal de Aerofalcon S.L en este país, una sociedad en la que participó Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Unos días antes, la mañana del 18 de mayo, en la Ciudad de Panamá, el dueño de Aerofalcon S.L, Juan Carlos González –encarcelado en una prisión de Miami, como avanzó la SER- celebró una reunión extraordinaria de su Junta Directiva, entre la que ya estaba Alberto González Amador. El novio de la presidenta madrileña actuó como secretario para dejar constancia del acuerdo unánime adoptado para abrir una sucursal de esta sociedad en la República de Panamá, un país que el Gobierno de Zapatero sacó de la lista negra de paraísos fiscales en 2011.

En aquella reunión tomaron dos decisiones, la primera, una inversión inicial de 10.000 dólares para levantar esa filial en el extranjero. La segunda, la composición de la Junta Directiva de esa nueva sucursal en Panamá, que estaría presidida por el propio Juan Carlos González Pérez – acusado de contrabando y conspiración-, acompañado de Alberto González Amador que actuaría como director/secretario de esta nueva sucursal - hasta abril de 2018-.

Poco después de su salida de la sucursal panameña, en 2019, Aerofalcon S.L se saltó el embargo de EEUU sobre Venezuela para vender repuestos de avión a la petrolera PdVSA. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra esta compañía, que ha llevado a su máximo responsable a la cárcel. El exsocio de González Amador está encerrado en una prisión de Miami, como avanzó la SER. Juan Carlos González se enfrenta a 35 años de cárcel, acusado de conspiración, contrabando y falsificación de informes para exportar esos recambios de aviones, a cambio de 4 millones de euros.

Facturas de Aerofalcon al negocio de González Amador

En aquella época, en 2019, cuando Aerofacon S.L inició sus negocios con Venezuela, esta empresa giró una factura de 7.500 euros a Maxwell Cremona, la consultora de Alberto González Amador, en concepto de “asesoramiento técnico en sector Aeronáutico ISO 9100”. Esa factura forma parte de la documentación remitida al juzgado que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entre esa información también figura otra factura de 17.500 euros emitida en mayo de 2021 por parte de Aerofalcon S.L, por el alquiler de una oficina entre el 1 de abril de ese año y el 31 de diciembre de 2022.

Estas dos facturas no están entre las que Hacienda tachó de “falsas o falseadas” en la trama de empresas pantalla que usó, presuntamente, González Amador, según adelantó elDiario.es, pero sí acreditan el vínculo que mantenía con esta sociedad bajo investigación por parte de EEUU.

Aerofalcon S.L se declaró en concurso de acreedores solo cuatro días después de que el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador reconociera por escrito que cometió dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Uno de sus supuestos clientes falsos, condenado

Uno de los tres empresarios coacusados junto a Alberto González Amador por defraudar presuntamente a Hacienda es David Herrera. Este empresario, como avanzó la SER, ha sido condenado a 3 años de cárcel por fraude en fondos europeos, cuando estafó 70.000 euros a la misión europea en Somalia, según la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Nacional.

David Herrera es otro de los ‘compañeros de viaje’ de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Está acusado en un juzgado de Madrid de haber fabricado facturas falsas para Alberto González Amador, con el objetivo de reducir su carga fiscal tras obtener un beneficio de 2,3 millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia.

Según la investigación del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Herrera habría emitido facturas falsas por un valor total de 180.395 euros a favor de González Amador, con los que el novio de Ayuso pudo reducir su base imponible para evitar pagar un total de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Para ello, presuntamente utilizó algunas de sus 18 empresas domiciliadas en Arahal, muchas de las cuales la Agencia Tributaria considera sociedades ficticias o meras tapaderas.

La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel al novio de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda. Además, está acusado de delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.