Los caseros, contra la prórroga de los alquileres: "Acabará en los juzgados"

Madrid

El Gobierno aprobó un decreto para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo que prorroga durante dos años los contratos de alquiler de vivienda que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Con la más que probable falta de apoyos en el Congreso de los Diputados, todo apunta a que el decreto, que está en vigor desde el 22 de marzo, decaerá cuando se vote en la cámara baja, previsiblemente a finales de abril. Sin embargo, los inquilinos pueden garantizarse la extensión del alquiler, en las mismas condiciones que las actuales, si lo solicitan a su casero antes de esa votación parlamentaria, incluso si su contrato finaliza después. Una circunstancia que no gusta a los propietarios, que la van a pelear legalmente.

"Esto de legislar a base de decreto ley crea unas situaciones de una gran inseguridad jurídica, además de generar diversos regímenes dentro del propio arrendamiento", comenta Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretario general de la Confederación de Cámaras de la propiedad Urbana (CPU), una entidad que agrupa a una veintena de organizaciones de propietarios de varias comunidades autónomas.

Desde la CPU consideran que el decreto podría perder efectos en caso de no ser convalidado y auguran un aumento de los litigios en los tribunales. "Yo creo que va a haber conflictividad en cuanto a la interpretación, y eso se acabará viendo en los juzgados. Ahora mismo parece que se está reclamando que todo el mundo solicite esa prórroga. Vamos a ver", señala Sánchez Fraile a la SER. En su opinión, con este decreto, el propietario pierde "la previsibilidad sobre la duración de su contrato" y ve reducida la rentabilidad de su piso, por la extensión del tope al 2% en los alquileres pendientes de actualización. Esta combinación de inseguridad jurídica y menor rentabilidad, sostiene, hace que los propietarios saquen su vivienda del alquiler y esto se traduce en una reducción de la oferta.

Un análisis que comparte la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). Desde esta entidad, que no ha querido participar en este reportaje, remiten a las declaraciones que sus dirigentes hicieron el pasado martes en la presentación de la asociación en Barcelona. "No se convalidará [el decreto], pero tendrá efectos. Esto no contribuye a la seguridad jurídica y sus consecuencias serán la conflictividad y los problemas, que es lo último que quieren los inquilinos y los propietarios", dijo el delegado de ASVAL en Cataluña, Carlos Muñoz.

Raúl alquila dos apartamentos en el centro de Madrid y otros cuatro en su periferia. Según explica, el año pasado pudo reconvertir una nave vacía en tres o cuatro viviendas pequeñas, que habrían incrementado la oferta de alquiler, pero no lo hizo por la burocracia, la falta de profesionales para la reforma y "las pocas garantías" que tienen los alquileres, "que dan poco retorno". A uno de sus inquilinos se le acerca la fecha de prorrogar el contrato, pero Raúl ya había pactado con él la extensión del alquiler, esta vez con una subida de la renta del 2% y no conforme al IPC, según establece el decreto. "Al único al que perjudica es a los pequeños propietarios como yo. Y llegado el momento a lo mejor es preferible vender la propiedad y dejar de dejar de alquilar", afirma.

Debate jurídico

Para la patronal de las agencias inmobiliarias, el mayor problema del decreto es la incertidumbre que genera. "Hemos tenido llamadas de arrendadores que directamente nos preguntan por la fecha de vencimiento, pero ya con la intención de no renovar los contratos. Es decir, estamos viendo día tras día la retirada de viviendas del alquiler", afirma José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Alfaro considera que el Gobierno está actuando sobre el efecto del problema de la vivienda y no sobre la causa: "Se interviene sobre la gente que menos problema tiene, que es quien está dentro de una vivienda. El problema lo tiene todo el que no consigue acceder". El presidente de la patronal inmobiliaria asegura que, según el texto del decreto y de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la prórroga extraordinaria solo se puede solicitar durante el periodo de finalización del contrato (cuatro meses antes de su finalización en los contratos posteriores a marzo de 2019 y un mes antes en los previos a ese mes).

Una interpretación que no se lee en el decreto y que no coincide con la de los expertos legales con los que ha hablado la sección de Economía de la SER esta semana. Según Elena Herranz, abogada de Legálitas especialista en vivienda, todos los inquilinos que hayan solicitado la prórroga extraordinaria de sus alquileres durante la vigencia del decreto, "tienen la seguridad jurídica de que la prórroga extraordinaria la van a mantener".

En la misma línea se pronuncian las organizaciones de consumidores y de vivienda consultadas. "Si yo fuera inquilino lo pelearía", comentaba Patricia Suárez, presidenta de la asociación de usuarios Asufin. "Al fin al cabo lo que estoy pidiendo es una prórroga de dos años, que es precisamente lo que puede durar un proceso judicial. A los caseros les recomendamos llegar a un acuerdo con sus inquilinos", añadía.

Para Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, "todas las prórrogas que se soliciten mientras el decreto esté en vigor van a ser válidas". "Es muy importante que todas las personas sepan que se pueden acoger a él y manden ya la comunicación". La organización ha presentado esta semana una web (poderinquilino.org) donde explican cómo solicitar la extensión de los alquileres.