Israel aprueba la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista

El Parlamento israelí, ha aprobado este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

Han votado a favor casi todos los diputados del Gobierno, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por lo que el texto ha conseguido una mayoría de 62 votos, casi todos los del Likud de Netanyahu y sus socios ultraortodoxos y ultra nacionalistas y 48 en contra. El recuento ha acabado en medio de una enorme bronca, con los legisladores en pie, gritos y expulsiones del pleno.

El parlamento israelí ha aprobado una ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por ataques mortales, una medida duramente criticada por naciones europeas y grupos de derechos humanos por considerarla discriminatoria.

Por su parte, Naciones Unidas ha emitido un comunicado señalando que Israel "debe derogar de inmediato la ley" por ser discriminatoria y contravenir el derecho internacional. "Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley violaría la prohibición del derecho internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes", ha señalado la organización.

Asimismo, la ONU ha apuntado que esta norma afianza la violación por parte del país hebreo de "la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel".

Un castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania

La legislación establece la pena de muerte como castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel, que sean declarados culpables de llevar a cabo intencionadamente ataques mortales considerados actos de terrorismo por un tribunal militar.

Según el proyecto de ley, los condenados a muerte permanecerán recluidos en un centro separado, sin visitas salvo las del personal autorizado, y las consultas legales se realizarán únicamente por videoconferencia. Las ejecuciones se llevarán a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

Israel rara vez ha utilizado la pena de muerte, aplicándola solo en casos excepcionales; el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fue la última persona ejecutada, en 1962.

Los tribunales militares en la Cisjordania ocupada estarán facultados para dictar sentencias de muerte

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, uno de los principales defensores del proyecto de ley, ha lucido repetidamente un pin en forma de soga, que simboliza las ejecuciones contempladas en la propuesta. Describió la horca como "una de las opciones" junto con la silla eléctrica o la "eutanasia", y afirmó que algunos médicos se habían ofrecido a colaborar.

Un comité de seguridad introdujo algunas enmiendas al proyecto de ley, que la semana pasada superó su primera votación. La emisora pública israelí KAN informó que las ejecuciones se llevarían a cabo mediante ahorcamiento. Esta medida permitirá a los tribunales imponer la pena de muerte sin solicitud de la fiscalía y sin requerir unanimidad, sino que bastará con una decisión por mayoría simple.

Los tribunales militares en la Cisjordania ocupada también estarán facultados para dictar sentencias de muerte, pudiendo el ministro de Defensa emitir un dictamen. Para los palestinos que viven bajo ocupación, el proyecto de ley cierra las vías de apelación o indulto, mientras que los presos juzgados dentro de Israel podrían ver conmutadas sus sentencias por cadena perpetua.

La legislación, impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, liderado por Ben-Gvir, ha suscitado duras críticas por parte de sus opositores, quienes advierten que supondría una escalada significativa en la política penal de Israel. Funcionarios militares y ministerios han advertido que la ley podría violar el derecho internacional y exponer al personal israelí a ser arrestado en el extranjero. Una vez promulgada, la ley entra formalmente en vigor, pero aún puede ser revisada y también podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Israel.