El juicio a Ábalos en el Supremo: tres acusados, 80 testigos, 23 sesiones y 36 millones de euros en contratos de mascarillas

Madrid

El juicio que arrancará este martes en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por delitos de corrupción en torno a los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes en la primera fase de la pandemia y otras conductas se extenderá hasta el 30 de abril, un total de 23 jornadas en sesiones de mañana y tarde.

Los acusados

- José Luis Ábalos: secretario de Organización del PSOE desde 2017 y ministro de Fomento desde 2018. Cesó en ambos cargos en julio de 2021. Se le acusa de organización criminal, cohecho pasivo continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Afronta de 24 años que pide Anticorrupción a 30 años de cárcel que solicita la acusación popular.

- Koldo García Izaguirre: asesor de Ábalos hasta su cese como ministro. Fue consejero de Renfe y vocal del Consejo Asesor de Puertos del Estado entre 2029 y 2021. Se le acusa de organización criminal, cohecho pasivo continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Afronta de 24 años que pide Anticorrupción a 30 años de cárcel que solicita la acusación popular.

- Víctor de Aldama. Empresario. Comisionista. Descrito en la causa como "nexo corruptor" de la trama. Está acusado de organización criminal, cohecho activo continuado y aprovechamiento de información privilegiada. Afronta siete años de cárcel tras aplicársele una atenuante simple de confesión que podría verse incrementada al final del juicio.

23 sesiones, 80 testigos

Las sesiones arrancan el 7 de abril y serán 23, con jornadas de mañana y tarde. En total, desfilarán por la Sala de lo Penal del Supremo 80 testigos y peritos a propuesta de las defensas y las acusaciones. Destacan la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que prestarán declaración por escrito.

Presencialmente sí estarán otros altos cargos como la presidenta del Tribunal de Cuentas o el director General de la Policía Nacional o el presidente de Correos y el actual titular de Adif.

También cargos y excargos públicos como el exsecretario de Estado de Seguridad, los expresidentes de Puertos del Estado y Adif, el que fue subsecretario del Ministerio de Transportes o el exdirector general de Carreteras, junto a personas de la órbita de Ábalos como su hijo o la que fue su secretaria; parientes de Koldo García como su hermano y su mujer; y empresarios vínculados con Aldama.

El 28 de abril, si se mantiene el calendario previsto, declararán, por este orden, Aldama, Koldo García y Ábalos. Después se celebrarán dos sesiones más con los informes de conclusiones de las acusaciones y defensas y quedará visto para sentencia.

Más de 36 millones de euros en mascarillas

La investigación tiene en el foco 24 millones de euros en contratos de mascarillas adquiridos por el Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y otros 12,5 millones en cubrebocas a través de Adif, en la primera fase de la pandemia. Víctor de Aldama ha reconocido que se llevó en ese negocio 6,6 millones de euros en comisión y asegura que una parte fue para Ábalos y Koldo García.

La tesis de la acusación es que el comisionista se aprovechó de su relación con Ábalos y Koldo para conocer de antemano las necesidades de mascarillas con margen de "perfeccionar" una oferta y presentarla: la de una empresa con sede en Zaragoza, sin beneficios ni aparente actividad, que fue la adjudicataria, Soluciones de Gestión.

Aunque no se ha cuantificado el monto total en supuestas mordidas que habrían mediado en la relación entre Ábalos, Koldo y Aldama desde el año 2017, fecha de inicio de los hechos que van a juicio, sí hay indicios de que el asesor estuvo percibiendo del comisionista 10.000 euros al mes mientras duró la relación que a su vez, repartía con el ministro. En uno de los audios que obran en la causa, el asesor reprocha al exministro haberse gastado cerca de 470.000 euros en dos años.

Dos pisos, un chalet y una semana de vacaciones

Asimismo, se juzgan como cohecho las cuantías que Aldama abonó para mantener a la que era novia de Ábalos, Jessica Rodríguez, durante tres años en un piso en el centro de Madrid.

Consta igualmente el chalet de La Alcaidesa (en la Línea de la Concepción, Cádiz) que una empresa de hidrocarburos compró para el disfrute del ministro por mas de 800.000 euros. Pudo usarlo cinco meses, hasta que fue desahuciado. Abonó dos mensualidades.

Se añaden más de 8.000 euros de unas vacaciones pagadas en Marbella y un contrato para el alquiler con opción a compra de un piso en Madrid que no habría llegado a materializarse.

Dos enchufes

Otro de los bloques de hechos que van a juicio tiene que ver con el enchufe de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin solución de continuidad entre marzo de 2019 y septiembre de 2021.

Ninguna de estas empresas ejerce acusación en el juicio, donde consta todo el expediente y se espera la declaración como testigo de la que fue supervisora de Rodríguez, que testifica a su vez en la primera sesión, el 7 de abril.

Está también acusado Ábalos de maniobrar con Koldo García para la contratación de otra de sus amigas, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail, dependiente de Adif, entre 2019 y 2022.

Un año y medio de investigación

Febrero de 2024: estalla el caso Koldo. Tras un año de diligencias secretas primero en la Fiscalía Anticorrupción y luego, en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se producen las primeras detenciones y sobre todo, las incautaciones de abundante material entre teléfonos, ordenadores y discos duros de los que afloraría buena parte de la prueba, como los audios. Se investigan comisiones por contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes en 2020.

Octubre de 2024. Tras varios meses de diligencias, la UCO presenta el primer informe que estrecha el cerco sobre José Luis Ábalos y le involucra no sólo en los contratos de mascarillas de pandemia, sino en una relación con el comisionista Víctor de Aldama con su asesor, Koldo García, como epicentro, que se remonta tres años atrás. Incluye el disfrute de un chalet en Cádiz o el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Castellana, también favores para la que era su novia.

- El juez Ismael Moreno elevó exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Ábalos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Ya constaban indicios de que Koldo García estaba a sueldo de Aldama a razón de 10.000 euros al mes.

- Otro juzgado de la Audiencia Nacional detiene a Víctor de Aldama por un caso de fraude millonario de IVA con los hidrocarburos y le envía a prisión provisional.

Noviembre de 2024. El Supremo acepta que Ábalos preste declaración voluntariamente, como paso previo a decidir si envía el suplicatorio al Congreso de los Diputados para imputarle formalmente.

- Aldama presta declaración voluntaria en la Audiencia Nacional y queda en libertad con medidas cautelares tras incriminar a Ábalos y Koldo García, también a Santos Cerdán, que era secretario de organización del PSOE, en una trama de mordidas, no sólo relacionadas con las mascarillas sino con contratos de obra pública.

Diciembre de 2024. Tras una serie de titubeos, Ábalos declara voluntariamente en el Supremo. Niega irregularidad alguna, minimiza su relación con Aldama y se parapeta tras Koldo García: "Es verdad que la relación de Koldo con Aldama era muy estrecha y yo creo que a la vista de todo, de cómo han ido ocurriendo las cosas, pues que Koldo se apoyó mucho en el señor Aldama, entre otras cosas porque Koldo venía de Navarra y Madrid lo conoce poco. Aldama se convirtió en una especie de muleta para muchas cosas", aseguró.

- El Supremo envía al Congreso la petición para que levante la inmunidad de Ábalos y proceder a su imputación.

Febrero de 2025. Ábalos declara como imputado, se ratifica en la declaración de diciembre. El juez le retira el pasaporte.

Junio de 2025. Ábalos presta declaración de nuevo en el Supremo, esta vez, entre rumores de colaboración con la justicia en forma de delación, después de que Aldama aportase determinados documentos incidiendo en señalar mordidas por obra pública y que aflorasen nuevos audios en la investigación de la UCO, que registró su domicilio. No se reconoce en las cintas y niega todos los hechos.

Octubre 2025. Ábalos es de nuevo citado a declarar en el Supremo y de nuevo, se acoge a su derecho a guardar silencio. El juez le mantiene en libertad con cautelares en un auto que expresa "estupor" por el hecho de que siga siendo diputado en activo.

Noviembre de 2025. La investigación toca a su fin. El juez dicta auto de continuación y propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama. La Fiscalía Anticorrupción presenta un escrito que solicita 24 años de prisión para cada uno y la celebración de una vista de revisión de sus cautelares. Ábalos, en esa sesión, sólo toma la palabra para proclamar su inocencia. Es enviado a prisión provisional por riesgo de fuga ante la inminencia del juicio oral y la gravedad de las penas.