Juicio a la operación Kitchen: La Audiencia sienta en el banquillo al operativo del Estado para destruir pruebas que perjudicasen al PP

El lunes 6 de abril arranca el juicio que sienta en el banquillo al supuesto operativo corrupto que desde el Estado y mediante el uso de fondos reservados, maniobró entre 2013 y 2015 para destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la financiación ilegal de este partido y la implicación de sus dirigentes, detrayéndolas a la acción de la justicia. Documentos y supuestas grabaciones al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recogiendo un sobre con dinero y las últimas hojas de la contabilidad b manuscrita por el exjefe de las finanzas del partido.

Al frente de este entramado conocido como operación Kitchen, se sitúa el ministro del Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz, a quien la fiscalía pide 15 años de cárcel. Los mismos que a su número 2, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Junto a ellos, los miembros de la denominada "policía política" del PP, como el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, así como quien fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. El comisario Enrique García Castaño, apodado "El Gordo", se libra del banquillo por problemas de salud.

Los delitos

Todos están acusados de delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, con penas que oscilan entre los dos años y medio de cárcel para Martín Blas y los 19 para Villarejo, porque el comisario jubilado suma a los delitos anteriores el de cohecho pasivo propio, según la solicitud reflejada en el escrito de Anticorrupción, que también pide la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Rajoy y tres de sus ministros, testigos en el juicio

El juicio, que está previsto que se celebre hasta el próximo 30 de junio, contará con la declaración como testigos del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; sus ministros Juan Ignacio Zoido, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría; los exsecretarios de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto e Ignacio Ulloa; el senador del PP, Javier Arenas; el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó; o el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También están citados como testigos el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán y el exjefe de la UCO de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí; el también coronel del Instituto Armado, Diego Pérez de los Cobos; y el inspector de la Policía Nacional, Manuel Morocho, que investigó la Gürtel y la caja B del PP y recibió presiones para torpedear sus pesquisas y eliminar el nombre de Rajoy de entre los posibles sospechosos.

Un tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por la magistrada Teresa Palacios, que será ponente de la sentencia, juzgará el caso en el que actúan como acusación particular la familia Bárcenas y como acusaciones populares el PSOE y Podemos.

El espionaje a la familia Bárcenas

La familia Bárcenas fue objeto de espionaje y entradas ilegales en al menos un inmueble entre julio de 2013 y bien entrado 2014. Para ello, el operativo empleó a 70 efectivos entre oficiales y agentes de la policía de dos unidades distintas, que efectuaron seguimientos diarios e incautaciones de documentación y dispositivos, para lo que contaron con la cooperación de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado por la organización a cambio de 2.000 euros mensuales de fondos reservados y la promesa de un puesto en la Policía Nacional. Así, consta que la trama irrumpió de forma ilícita en el despacho de Rosalía Iglesias en la calle General Díaz Porlier, sin que según el comisario García Castaño encontraran allí documentación alguna. Sí se apoderaron de mensajes de texto, correos electrónicos y contactos de Luis Bárcenas porque Sergio Ríos se apoderó de dos teléfonos móviles y una tableta del extesorero, cuyo contenido fue volcado a un pendrive y puesto a disposición del operativo. Memoria externa que según Anticorrupción, fue remitida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Además, Bárcenas fue sometido a "un control férreo" en palabras de la Fiscalía, mientras se encontraba en prisión provisional y tanto Martínez como el comisario Villarejo se hicieron con documentos y anotaciones manuscritas que el extesorero conservaba en la cárcel, como facturas emitidas al Partido Popular por distintos conceptos, cuadros de contabilidad, un presupuesto para una campaña electoral, o cifras dinerarias y anotaciones sobre las agendas de Bárcenas entre otra documentación. El control sobre Bárcenas también se extendió a las personas que se relacionaban con él en prisión, como el interno Isidro Sánchez, quien tenía el encargo del extesorero de acceder a su nube cuando saliera del permiso penitenciario y apoderarse de unos supuestos audios incriminatorios de Rajoy y Arenas, supuestamente para borrarlos. En cuanto Sánchez salió de prisión para acometer la tarea, fue detenido con la excusa de una operación judicial inexistente, lo que imposibilitó la recuperación de las pruebas. La trama también espió al entonces abogado del extesorero, Javier Gómez de Liaño, llegando a colocar una cámara en las inmediaciones de su despacho para controlar las visitas.

La "inaceptable línea roja" para excluir al PP de la investigación y cerrarla "en falso"

La investigación de la operación Kitchen fue cerrada "en falso" y de forma "precipitada" por el juez instructor, Manuel García Castellón, según un escrito de Anticorrupción presentado en septiembre de 2021 por dejar fuera a la "trama de corrupción política" del PP, "como si [el magistrado] hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar", escribieron los fiscales Miguel Serrano, ya retirado del procedimiento, y César de las Rivas.

En aquel recurso de apelación, rechazado por la Sala, los fiscales censuraron que en el banquillo no están todos los que son porque al margen del entramado policial y la cúpula de Interior, existían indicios de una "trama política" con la participación de "dirigentes" del Partido Popular y hasta del presidente del Gobierno. En aquel escrito, los fiscales recriminaron que no se investigara un supuesto teléfono móvil del PP con el que el comisario Villarejo, según su testimonio, mantenía conversaciones con Rajoy, a quien la red identificaba como "el barbas" o "el asturiano"; que no se imputara a la exsecretaria general y exministra Cospedal ni a su marido Ignacio López del Hierro, que aparecían en numerosas grabaciones con Villarejo, en las que recibían información sobre el operativo e impartían órdenes como que "lo de la libretita", en alusión a la contabilidad manuscrita por el extesorero, "sería mejor poderlo parar". A raíz de esas grabaciones, la fiscalía hizo un último intento por reabrir la causa en 2022, pero de nuevo fue rechazado por el instructor y la Sala de lo Penal.

El exministro Fernández Díaz apuntó al PP

Tampoco fueron admitidas las peticiones de las acusaciones populares que primero reclamaron que el PP fuese acusado como persona jurídica y ante el rechazo de esta solicitud, la Sala también descartó que fuera encausado como partícipe a título lucrativo.

Al respecto, uno de los principales acusados, el exministro Jorge Fernández Díaz, apuntó al PP como responsable a título lucrativo porque fue el beneficiario real del espionaje a Bárcenas, si existió. La Audiencia Nacional también desoyó su súplica.

El Ministerio Público censuró además que el juez ni siquiera citara a declarar como investigado al exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, a quien atribuyeron un papel "específicamente directivo en los hechos".

La Justicia excluyó el secuestro de los Bárcenas del operativo Kitchen sin investigar

Además, la Fiscalía criticó que no se llegó al fondo de las pesquisas sobre el episodio del secuestrador disfrazado de sacerdote, Enrique Olivares, ya fallecido, que a punta de revólver retuvo en su domicilio a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias; a su hijo, Guillermo Bárcenas; y a la empleada del hogar, Victoria Feliz de la Cruz, maniatándoles y amenazándoles de muerte si no entregaban "el pendrive y documentos" que el extesorero, por entonces en prisión provisional, guardase contra el PP.

Hubo "casualidades" en boca de los fiscales no investigadas en estos hechos, como que el último abogado de Olivares era hermano de Javier Ruiz Cubero, detenido e investigado en la causa porque fue compañero de cárcel de Villarejo y vendía sus documentos, muchos de ellos oficiales y secretos, cuando salía de permiso penitenciario. Tampoco se investigó quién y por qué depositaba cada mes 250 euros en la cuenta de peculio de Olivares en la cárcel, cuando pertenecía a una "familia sin recursos" y su madre se había declarado insolvente. Aquellos ingresos periódicos en la cuenta del secuestrador eran efectuados sin identificar al donante, en contra de la normativa penitenciaria, según recuerda la abogada de Bárcenas. Los fiscales también lamentaron que no se investigó quiénes fueron los funcionarios policiales que consta le visitaron en los centros penitenciarios de Valdemoro y Estremera ni por qué.

Tanto Rosalía Iglesias como Guillermo Bárcenas, que consiguió romper las bridas que le maniataban y reducir al secuestrador cuando éste encañonó a su madre y amenazó con matarla, afirman que Olivares les repetía que le habían "mandado" a por las pruebas de Bárcenas y que conocía aspectos de su propia vida y de la disposición de la casa que solo podía obtener de alguien con información por la cercanía a la familia, como podía ser el chófer, Sergio Ríos, que a pesar de que aquel día libraba acudió a la casa "a los dos minutos" de que Guillermo iniciase la pelea con el secuestrador, cuando ambos forcejeaban en el suelo. Pocos minutos después también subieron al domicilio decenas de agentes de la Policía Nacional, que actuaron con una diligencia y prontitud rara vez vista en cualquier cuerpo de la seguridad del Estado, por lo que la familia Bárcenas cree que todo estaba orquestado. Sin embargo, este secuestro fue excluido de la operación Kitchen. Fue abordado por la justicia como un hecho casual y ajeno al procedimiento sin que se despejasen todas las incógnitas que apuntan a que formaba parte del mismo operativo corrupto.