Claves del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo

Madrid

Cuando se cumple un año y medio desde que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investigaba el reparto de comisiones por contratos de mascarillas en pandemia, puso a José Luis Ábalos bajo sospecha, llega el momento de la verdad para el exministro, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

Los tres se sientan en el banquillo desde el martes 7 de abril para responder por un rosario de delitos de corrupción ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero con un punto de partida muy distinto. Aldama ha reconocido casi la totalidad de los hechos y ha incriminado a los otros dos, que le acusan de mentir para eludir la cárcel.

Hasta la fecha, tanto el magistrado instructor como la Fiscalía han dado credibilidad al relato de Aldama en lo que se ha podido corroborar. Algunas de sus afirmaciones han quedado sin respaldo, como un pago al que era jefe de gabinete del ministerio de Hacienda o el total de fondos que asegura haber abonado a Ábalos y a Koldo García.

La UCO detectó en ambos casos descuadres en el patrimonio, pero un "botín", como tal, no ha aparecido, algo a lo que se aferran sus defensas y que las acusaciones rebaten porque en el cohecho, basta con el ofrecimiento de la prebenda y aquí, además, afloraron indicios de pagos recurrentes a Koldo García en metálico y de favores pagados en beneficio de Ábalos.

Los hechos: "concierto" delictivo

La causa en el Tribunal Supremo es un desgaje del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional fruto de la situación de Ábalos, que como diputado que ha sido hasta el pasado mes de enero, gozaba de aforamiento cuando el magistrado instructor, Leopoldo Puente, dictó la apertura de juicio oral. De ahí que los hechos se solapen en ambas instancias, también que los personajes se repitan, pues los habrá que deban responder por lo mismo en un momento posterior.

Esta es una de las principales alegaciones de nulidad de las defensas, que ya ha sido rechazada reiteradamente: en el momento en que el Supremo de por probado un hecho, el resto de partícipes tendrán muy difícil defenderse cuando llegue su turno en la Audiencia Nacional.

El esquema en el Supremo parte de esta conclusión del instructor: En el desarrollo de las relaciones personales entre Ábalos, Koldo y Aldama a partir de 2017, "pronto vieron la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquéllas".

"De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad".

Y la maniobra, para Anticorrupción, era sencilla. El peso de la relación estaba entre Koldo y Aldama, la cuestión es que el asesor, a ojos del fiscal, "fue el alter ego de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor".

Las viviendas y los enchufes

Con esta premisa, se les imputa un "concierto de voluntades" que en el caso de Ábalos se traduce en un contrato con Aldama para el alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana a un precio inferior al de mercado; el pago de la vivienda en la que residió durante tres años la que era novia del ministro, Jessica Rodríguez y la contratación sucesiva de esta en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) a golpe de influencias y sin que tuviera que trabajar, entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. También la contratación de otra amiga, Claudia Montes; en la pública Logirail entre 2019 y 2022.

Pero además, se atribuye al ministro influencia en la publicación de una nota de prensa que en agosto de 2020 habría tranquilizado a los acreedores de Air Europa -empresa que representaba Aldama- sobre la viabilidad del rescate, gestión por la que Ábalos y su familia habrían obtenido "el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella" por importe superior a 8.000 euros costeado por Koldo García con dinero, se presume, de Aldama.

Hay una "gratificación" más en la lista de hechos que se imputan a Ábalos y es el disfrute de un chalet en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, "en el marco de estas labores de favorecimiento de los intereses del Sr. de Aldama Delgado", en este caso, en su relación con el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, que necesitaba una licencia de operador.

Ábalos habría influido en que ese empresario consiguiera una reunión clave, pero cuando no fructificó, fue desahuciado del chalet, del que llegó a pagar 7.500 euros -fianza y dos meses- y que tuvo a su disposición de julio a noviembre de 2021.

En la lista de hechos que se imputan a Ábalos aparece también que Aldama consiguió el aplazamiento de una deuda tributaria tras una reunión con el que era jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, encuentro que habría gestionado Koldo García "con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos".

También consta que la secretaria del ministro habría expedido certificados de movilidad en pandemia a instancias de Koldo para contactos de Aldama, de nuevo, "con el conocimiento y consentimiento" del que era titular de Transportes.

Las mascarillas

Todas estas conductas que se atribuyen al exministro, a su asesor -que habría estado cobrando 10.000 euros mensuales por los favores- y al comisionista, en tanto que "nexo corruptor" de la trama, afloraron investigando la compra de mascarillas en la primera fase de la pandemia por parte del Ministerio de Transportes y sus organismos a una empresa, Soluciones de Gestión, cuyos intereses representaba Víctor de Aldama. Este es el epicentro del asunto.

Según el relato de hechos que se atribuyen a los tres, Aldama "pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia" por la pandemia, "lo que le habría permitido articular una oferta --con la aquiescencia de uno y otro y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados-- para asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía". Puertos del Estado compró 8 millones de mascarillas -iban a ser la mitad, pero Aldama impuso la cifra- y Adif, 5 millones.

Los delitos y las penas

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García por delitos de organización criminal, cohecho pasivo continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Solicita en suma para el exministro 24 años de cárcel y 19 para el asesor. Mientras, la acusación popular unificada eleva a 30 años la petición al añadir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.

La situación de Aldama

En el caso de Aldama, Anticorrupción solicita un total de siete años tras aplicar una atenuante de colaboración con la justicia en los delitos de organización criminal, cohecho activo continuado y aprovechamiento de información privilegiada, misma línea que sigue la acusación popular.

La atenuante no se ha cualificado: si se aplicase en un grado mayor el comisionista podría incluso eludir el ingreso en prisión. Es lo que viene reclamando su defensa, pero será en las conclusiones finales de la Fiscalía, al término de la vista oral, cuando se desvele la estrategia.