El Gobierno trabaja para aprobar este martes la regularización de migrantes pese a las reticencias del Consejo de Estado
El Ejecutivo podría incluir algunas de las recomendaciones incluidas en el dictamen emitido por el Consejo de Estado
El Ejecutivo busca sacar adelante este martes la regularización de migrantes a pesar de las objeciones del Consejo de Estado
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Madrid
El Gobierno español se prepara para "clarificar ciertos aspectos" de la regularización de migrantes, que está prevista que sea aprobada el próximo martes durante el Consejo de Ministros. Tras el dictamen emitido por el Consejo de Estado, el Ejecutivo considera que las "recomendaciones" de este órgano "caminan en la misma línea del texto original y respetan la esencia del real decreto" y, aunque no sean vinculantes, suponen un "aval" al procedimiento.
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No obstante, dicho dictamen ha manifestado su preocupación ante algunos preceptos, por lo que el Gobierno los tendrá en cuenta de forma positiva de cara a "clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación", según han señalado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Servimedia.
Entre los aspectos señalados por el Consejo de Estado destaca la incompatibilidad entre ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional (PI) y otro resultante de la regularización. En consecuencia, el Ministerio ha accedido a que el permiso de PI esté vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y se solicite la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero).
Asimismo, uno de los aspectos más cuestionados ha sido la acreditación de que los beneficiarios no tienen antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. No obstante, el Ejecutivo ha insistido en que se trata de un requisito "ineludible", aunque las mencionadas fuentes no han matizado si se llevará a cabo alguna modificación al respecto.
En caso de no obtener el certificado en el plazo de un mes porque el país de origen no lo haya enviado o el Gobierno español no haya obtenido una respuesta tras haberlo solicitado, el texto original plantea que podrá entregarse una declaración responsable de inexistencia de antecedentes, una cuestión que ha generado las críticas de la oposición.
