El juez Peinado cierra la instrucción y deja a Begoña Gómez a un paso del juicio por corrupción ante un jurado popular

Madrid

El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, la ha dejado a un paso de sentarse en el banquillo por delitos de corrupción y ante un jurado popular. Juan Carlos Peinado hace público el auto coincidiendo con el viaje oficial que Pedro Sánchez y la investigada hacen a China en el que subraya que las conductas que ha investigado y que "provienen de palacios presidenciales parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo"

Peinado rechaza todas las pruebas que solicitaron las defensas y emplaza a las partes a presentar los últimos escritos antes de dictar el auto de apertura de juicio oral y procesar a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabes por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

El juez insiste en que Gómez y Barrabés forjaron una relación de intereses con base en la universidad complutense a través de la cátedra que codirigía la mujer de Pedro Sánchez. Fruto de esa relación se produjo el despegue profesional de ella y se disparó la cuenta de resultados de él. En este plan, la asistente designada por Moncloa tuvo un papel de cooperadora necesaria en los delitos que se investigan ejerciendo "presión moral" sobre quien tenia que decidir.

El auto señala que Begoña Gómez "influyó" sobre autoridades y funcionarios "prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la administración, facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de esposa de sirviera para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa".

Ejercía "presión moral ante quien debía decidir"

En esa estrategia, su asesora ejercía "presión moral ante quien debía decidir", por encargo de la primera, puesto que "su participación, en la percepción de los interlocutores, excedía de lo meramente protocolario y la ubicaba como miembro del equipo del proyecto". Añade que "la investigada fue impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública, sino para integrarlo en su patrimonio personal.

Y ello ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública aprovechando ser su esposo el presidente del gobierno de España, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública".

El instructor acusa a Gómez y a Álvarez de "sustraer" el software de sostenibilidad en el que trabajaba la cátedra "del cauce institucional que debía conducir a su atribución a la Universidad Complutense de Madrid"

Críticas al momento elegido y a la instrucción

Fuentes del entorno de la defensa y del PSOE han expresado su sorpresa por el momento elegido por Peinado para dar a conocer el auto de procesamiento. Subrayan que coincide con el día en el que el principal investigador del caso Kitchen ha identificado sin género de dudas a Mariano Rajoy como "el Asturiano", uno de los alias utilizados en la trama parapolicial. A su juicio, se produce así un nuevo "déjà vu" político, con el expresidente del Gobierno volviendo a quedar en el foco judicial. "Una vez más, pasado, presente y futuro del Partido Popular", señalan estas fuentes, que critican que Alberto Núñez Feijóo "ni condena ni pide responsabilidades". "Lecciones, por lo tanto, ninguna".

Desde ese entorno cuestionan también la instrucción del magistrado Peinado, que califican de "cuanto menos sorprendente", y recuerdan que ha sido corregida por la Audiencia Provincial de Madrid en al menos trece ocasiones. En esas resoluciones se han anulado registros, citaciones de testigos y otras diligencias por falta de indicios y de motivación suficiente. Frente a ello, denuncian lo que consideran una investigación "pasiva" sobre Alberto González Amador, investigado por varios delitos, del que —subrayan— continúa pendiente un informe patrimonial.

Recuerdan además que el procedimiento se inició a raíz de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, basada, según sostienen, en bulos y noticias falsas, y consideran que la causa responde a una estrategia de "acoso y derribo" contra el presidente del Gobierno utilizando a su familia. "No todo vale en política. La derecha y la ultraderecha han cruzado una línea nunca antes traspasada en la democracia española", afirman.

Por último, estas fuentes insisten en que la actividad profesional de Begoña Gómez es "intachable" y se muestran convencidas de que "la verdad terminará imponiéndose" cuando el caso llegue a juicio.