Escolar: "La causa contra Begoña Gómez es un disparate; en dos años el juez Peinado no ha sido capaz de encontrar el negocio"

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha situado la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en su fase final antes de la apertura de juicio oral. En un auto que publicó coincidiendo con el viaje oficial de Pedro Sánchez y la propia Gómez a China, el magistrado sostiene que los hechos investigados podrían constituir delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. En el mismo texto, llega a afirmar que las conductas analizadas, por su origen en "palacios presidenciales", evocan prácticas "más propias de regímenes absolutistas".

La resolución rechaza además todas las diligencias solicitadas por las defensas y emplaza a las partes a presentar sus escritos finales antes de decidir si procesa a Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La causa, que se prolonga desde hace dos años, ha estado marcada por recursos y correcciones de instancias superiores, en un procedimiento que ha generado una notable controversia jurídica y política.

Durante su intervención en El Abierto de Hoy por Hoy, Ignacio Escolar ha sido especialmente crítico con la instrucción del caso. "Le han leído la cartilla al juez Peinado desde instancias superiores", ha afirmado, en alusión tanto a la Audiencia Provincial de Madrid como al Tribunal Supremo. "Esta causa me parece un disparate de principio a fin", ha insistido, poniendo el foco en la falta de base de las acusaciones.

El periodista ha subrayado la ausencia de uno de los elementos esenciales para sostener los delitos investigados: el beneficio económico. "Corrupción en los negocios exige negocio y por tanto lucro", ha recordado, para subrayar a continuación que "en dos años de investigación el juez ha sido incapaz de encontrarlo".

En este sentido, Escolar ha detallado que los ingresos percibidos por Gómez en una década ascenderían a 34.000 euros. "El supuesto plan consistía en cobrar unos 500 euros al mes por dar clases", ha señalado, incidiendo en que no recibía remuneración por la cátedra. Con estos datos, ha concluido que la investigación equivale a "investigar el robo de la nada".

Respecto a la acusación de apropiación indebida de un software, el análisis de Escolar apunta en la misma dirección. Ha explicado que el registro del dominio y la marca se realizó por indicación de la universidad y que el desarrollo estaba destinado a la propia institución.

Además, ha recalcado que se trataba de una herramienta "gratuita y sin ánimo de lucro", diseñada para ayudar a las empresas a mejorar sus criterios de sostenibilidad y acceder a ayudas públicas.

Escolar también ha cuestionado algunas resoluciones judiciales a lo largo del proceso. Aunque ha reconocido que el juez ha sido corregido en varias ocasiones, ha señalado que determinadas decisiones de la Audiencia Provincial le resultan igualmente "incomprensibles".

En paralelo, Carlos Sánchez ha advertido de una "enemistad manifiesta" en la actuación del magistrado y ha apuntado a un problema de fondo en el sistema judicial: la falta de mecanismos eficaces para frenar actuaciones controvertidas.