España pone en marcha una nueva regularización extraordinaria de migrantes 21 años después

Madrid

España pone en marcha este martes una nueva regularización extraordinaria de migrantes 21 años después de la anterior, convirtiéndose en la séptima de la historia. Podrá solicitarse desde este jueves telemáticamente y, a partir de lunes 20 de abril, en oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería hasta el 30 de junio de 2026 y se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

Después de pasar el trámite del dictamen del Consejo de Estado, entregado el pasado jueves, finalmente los cuatro ministerios implicados en la reforma del reglamento que pone en marcha esta regularización extraordinaria de migrantes mantienen el grueso de la propuesta, con pocas novedades técnicas, pero una llamativa a instancias de ese dictamen.

Se deja fuera a los apátridas como colectivo que podría beneficiarse de esta normalización, lo que afecta prácticamente en su totalidad a los saharauis que llegaron en patera a Baleares durante el año pasado. Es llamativo que esta regularización, que por primera vez ofrece la posibilidad de obtener permiso de residencia y trabajo a los peticionarios de protección internacional, que será al menos el 50% de las solicitudes según previsiones de técnicos ministeriales, vaya a dejar fuera a los que proceden de la excolonia española, cuyo expediente territorial es el más antiguo sin resolver en Naciones Unidas, junto con el de Palestina.

Según el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso la SER, que está previsto que se apruebe este martes en el primer Consejo de Ministros que preside el ahora vicepresidente Carlos Cuerpo, finalmente se confirma que TRAGSA y Correos están autorizadas a gestionar y ayudar técnicamente a la prestación de las solicitudes, pero serán los funcionarios de extranjería los que validarán los expedientes, algo en lo que ha insistido también el dictamen del Consejo de Estado.

Así, se habilitarán “oficinas públicas en todo el territorio nacional, incluidas las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y las oficinas de extranjería que se determinen, para la presentación de las solicitudes a través de un procedimiento específico, preferente y diferenciado de tramitación”.

Cinco meses de residencia y sin antecedentes penales

Los requisitos mínimos siguen siendo los mismos: acreditar al menos 5 meses de residencia en España hasta el 31 de diciembre del año pasado y carecer de antecedentes penales, esto para los que lo hagan por la vía del arraigo, a los que hay que sumar a los solicitantes de asilo o protección internacional.

La autorización inicial de residencia tendrá una vigencia inicial de un año, será renovable, y la competencia definitiva de todas esas autorizaciones estará a cargo de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comprobará el cumplimiento de los requisitos.

Un equipo reforzado de funcionarios y medio millón de expedientes sin resolver

Según ha sabido la SER de fuentes ministeriales, un equipo reforzado de más de 350 funcionarios será el encargado de comprobar y validar toda la documentación de las solicitudes. Entre las características de esta autorización destaca que, "desde la comunicación de inicio de la tramitación, el solicitante estará habilitado provisionalmente a residir y trabajar −por cuenta ajena o por cuenta propia− hasta su resolución, cuyo plazo máximo será de tres meses".

El plazo de resolución parece muy optimista según abogados especializados porque, de hecho, según ha podido saber esta redacción, solo las oficinas de extranjería acumulan en estos momentos casi medio millón de expedientes sin resolver, más de 200.000 de ellos, de personas que lo han presentado por la vía del arraigo, es decir, de demostrar que llevan al menos 2 años residiendo en nuestro país.

Además, para la vía de los solicitantes de asilo o protección, se acumulan otras 25.000 peticiones que la OAR, la oficina de asilo dependiente del Ministerio del Interior, tiene acumuladas.

En su argumentación para la aprobación del Real Decreto, los cuatro ministerios firmantes (Inclusión y Migraciones, Exteriores, Política Territorial e Interior) mantienen los argumentos que ya presentaron en enero: "Incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable. La reforma se justifica también por razones demográficas, ya que España afronta un envejecimiento acelerado y un crecimiento vegetativo negativo que comprometen la disponibilidad futura de personas trabajadoras y la sostenibilidad del sistema de bienestar. La incorporación efectiva de personas en edad de trabajar contribuye a equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas y a cubrir necesidades de sectores productivos con dificultades de contratación. Asimismo, la norma reconoce la aportación cultural y social de estas personas, cuya diversidad de orígenes, lenguas y tradiciones enriquece la vida comunitaria, refuerza la cohesión social y proyecta una imagen de país plural y dinámico. Este valor añadido justifica también la adecuación de su situación administrativa al grado real de integración alcanzado”.

La disposición adicional vigesimoprimera "configura una nueva autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, orientada a reducir situaciones de vulnerabilidad y a ofrecer encaje administrativo a personas con vínculos acreditados con España, ya sea mediante la existencia de vínculos laborales, convivencia con menores o personas dependientes, o situaciones de especial fragilidad social” ha sido especialmente peleada por los colectivos de migrantes y por partidos como Podemos, con los que el gobierno negoció esta reforma.

TRAGSA y Correos

Otra de las novedades de esta reforma es que, por primera vez, con el objetivo de agilizar el proceso, se crea una especie de UTE, de unión temporal de empresas, en este caso públicas, TRAGSA y Correos, que prestarán funciones de apoyo material y técnico para la preparación de los procedimientos para su resolución.

Se prevé que tanto las oficinas de Correos como las de la Seguridad Social en toda España refuercen personal y horarios para evitar colas y retrasos. "Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad", se argumenta en el texto al que ha tenido acceso la SER.

Sí se aprueba como está previsto este martes, y una vez publicada la reforma en el BOE este miércoles, desde este jueves se podrán presentar las solicitudes que, según estimaciones del Gobierno, podrían rondar las 500.000, aunque otros técnicos ministeriales reducen esta cifra a la mitad.

La incógnita se resolverá cuando se cierre el plazo de presentación el 30 de junio, pero en todo caso el gobierno de España destaca con esta reforma que devuelve los derechos a estas personas frente a la tendencia política mayoritaria internacional que criminaliza a la movilidad humana en las últimas décadas.