Félix Bolaños: "La Iglesia va a pagar porque tiene voluntad de hacerlo"
El gobierno crea la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que desde mañana tramitará las solicitudes de las víctimas
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anuncia la creación de la oficina que tramitará las solicitudes de reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. / Raul Salgado
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Se trata de la unidad que, a partir de mañana, tramitará las solicitudes de las víctimas que se quieran acoger al sistema de reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo. Un sistema mixto pionero en el que la Iglesia asume su responsabilidad, así como las reparaciones, que podrán ser simbólicas, restaurativas o económicas.
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"La Iglesia va a pagar", ha dicho el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "porque tiene voluntad de hacerlo y porque hemos llegado a un acuerdo que así lo establece". "Hay una suficiente red de garantías para que la Iglesia repare a las víctimas de abusos", ha añadido Bolaños.
Tras el acuerdo firmado el pasado 8 de enero entre el Estado, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, y el protocolo que estas partes rubricaron con el Defensor del Pueblo a finales de marzo, desde mañana, 15 de abril, se pondrá a funcionar el nuevo sistema de reparaciones para las víctimas. Un sistema que estará orquestado por la oficina del Defensor del Pueblo.
Esta oficina será quien se encargue de proponer la reparación que afrontará íntegramente la Iglesia a través de sus diócesis y congregaciones. El trámite, según los plazos marcados en el protocolo, puede alargarse más allá de seis meses en los casos en los que haya disconformidad de la víctima o de la Iglesia con la propuesta de reparación del Defensor del Pueblo. En cualquier caso, ese protocolo no fija el tiempo que debe tardar la Iglesia en reparar efectivamente a las víctimas.
El protocolo fija un plazo de tres meses para esa primera fase de evaluación y valoración y un plazo máximo de dos meses para que los representantes eclesiales examinen esa propuesta. Después, el solicitante tendrá un plazo de 15 días para mostrar su conformidad y, en su caso, formular alegaciones. En caso de que haya conformidad de todas las partes, se cerrará el expediente.
Si, por el contrario, hubiera disconformidad de la víctima o de la Iglesia, el expediente volverá a la oficina del Defensor en un plazo no superior a 15 días y se convocará la comisión mixta, también en el plazo máximo de 15 días. Esa comisión mixta, pendiente todavía de su conformación, estará integrada por todas las partes implicadas en el proceso y por las victimas.
Analizará los argumentos de unos y otros para alcanzar un acuerdo aunque, si aquí tampoco hay consenso, se habilitará otro mes de plazo para que el Defensor del Pueblo y los representantes eclesiales hagan un último intento. Si persiste la disconformidad, prevalecerá la valoración efectuada por el Defensor.
"Vamos a reparar a todas esas personas que sin duda sufrieron un abuso, que hoy no pueden acudir a los tribunales y cuya única vía de reparación es ésta", ha afirmado Bolaños, "creo que hacemos justicia". La nueva oficina que pone en marcha el gobierno, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), con todas las garantías de seguridad y privacidad. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).