Un grupo de organizaciones denuncia a CAF por favorecer la ocupación ilegal israelí con el tranvía de Jerusalén
La fiscalía ya investiga el caso denunciado por varias asociaciones el pasado 18 de febrero

JERUSALÉN, 18/09/2025.- Amnistía Internacional (AI) elevó este jueves la presión sobre la firma española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por el proyecto de ampliación de las líneas de tranvía en Jerusalén, que conectan asentamientos israelíes ilegales con la parte occidental de la ciudad, haciéndole un nuevo llamamiento para su retirada. EFE/ Magda Gibelli / MAGDA GIBELLI (EFE)

Madrid
El fabricante Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) vuelve a estar en el radar de la justicia después de la denuncia presentada por un conjunto de asociaciones: NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37. La querella, que ya investiga la fiscalía, fue adjuntada el pasado 18 de febrero.
Estas asociaciones aseguran que la implicación de CAF en la construcción, operación y mantenimiento de varias líneas del tranvía ligero de Jerusalén son medios para favorecer la ocupación en asentamientos ilegales, ya que unen zonas de Jerusalén Este y Cisjordania con Jerusalén Oeste.
El nombre de CAF se une al de eDreams Odigeo, que también fue denunciada por este mismo grupo de asociaciones por prácticamente el mismo motivo: vender viajes en zonas ocupadas por Israel de manera ilegal. De hecho, esa venta de viajes se hacía pese a que la ONU les había sacado de la lista de entidades que favorecen el desarrollo de los asentamientos ilegales.
Un proyecto de 2019 por valor de 1.800 millones de euros
La empresa TransJerusalem JNet Ltd., participada al 50% por CAF y la constructora israelí Shapir, fue la adjudicataria del proyecto con el que se iban a construir 27 km de nuevas vías y hasta 50 estaciones que pasan por asentamientos de Cisjordania. Estas líneas conectan asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania con Jerusalén Oeste. El contrato tenía un valor de 1.800 millones de euros.
En el caso de la Línea Roja, se estima que el 83% de esta da servicio en asentamientos ilegales y, cuando se termine la Línea Verde, esta dará servicio a estas zonas en un 94% de su recorrido.
Las operaciones de ampliación empezaron en 2021 y terminarán, según lo previsto, en 2027. Además, el contrato incluye no solo construcción, sino también operaciones por un periodo de entre 15 y 25 años y mantenimiento por 25 años también.
Posibles responsabilidades penales
En un comunicado, las organizaciones denunciantes apuntan a posibles responsabilidades penales por parte de CAF: "Desde el punto de vista jurídico, la denuncia sostiene que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra".
Además, al ser una empresa española, consideran que se pueden tomar medidas desde aquí: "Sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española". Con esta condición, es necesario pedir también responsabilidades a las autoridades españolas, dicen estas asociaciones.
Al favorecer el desarrollo económico con un medio de transporte tan extenso, permiten, por lo tanto, la expansión de los colonos.
CAF ya fue señalada por la ONU
En total, la lista de la ONU que fue actualizada en septiembre de 2025, recogía tres empresas españolas que favorecen esta ocupación ilegal: ACS, INECO y CAF. También estaba la SEMI, pero ahora tiene su sede en Francia después de la compra de Vinci en 2021 a ACS. En el caso de INECO, el Ministerio de Transportes ya ha dicho que no va a aceptar más proyectos en esa zona y a terminar el contrato que les queda para evitar penalizaciones.
No solo la ONU, Amnistía Internacional también pedía el cese de operaciones de CAF en Jerusalén, pero el fabricante de trenes y ferrocarriles no ha dado su brazo a torcer: "El proyecto cumple con los más altos estándares de responsabilidad, ética empresarial y Derechos Humanos", señaló la empresa en un comunicado.
Una empresa clave en el ferrocarril nacional
No estamos ante un fabricante cualquiera; se trata de una empresa que, junto a Talgo, es la insignia en el mercado ferroviario. En 2025, consiguieron un beneficio neto de 146 millones de euros; es un 42% más que en el año anterior y le convierte en el fabricante de trenes más rentable de España. Uno de sus atractivos, junto a Talgo, es la capacidad para crear trenes que se adaptan a los diferentes anchos de vía, característica esencial para nuestra red ferroviaria.
Su negocio abarca varios tipos de trenes y, en el caso de España, por ejemplo, han sido los creadores de las series de Renfe 120 y 121 de alta velocidad, pasando por las 460 y 480 de cercanías o los vagones de Metro de Madrid. Además, en el último macropedido de trenes de cercanías y media distancia que van a llegar próximamente, CAF se adjudicó parte del contrato por más de 1.000 millones de euros para fabricar 60 trenes eléctricos de media distancia, 29 de cercanías, 31 de ancho métrico y 6 de tipo alpino.
También tienen diversos negocios en otros países con el mismo tipo de productos y fabrican autobuses con su división de Solaris. Estos negocios se concentran, por ejemplo, en Francia con trenes regionales para la SNCF, autobuses eléctricos para Países Bajos, Polonia o San Francisco, en Estados Unidos.

Eduardo Hernández Ojeda
Periodista en el equipo de Economía de la Cadena SER. Actualmente, estoy cubriendo las áreas de industria,...




