¿Pueden PP y Vox negarse a aceptar la redistribución de menores no acompañados en Extremadura?

Madrid

PP y Vox anunciaron este jueves un acuerdo entre ambos partidos para gobernar en Extremadura. En cuanto a la migración, ambas formaciones han acordado realizar una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la migración "masiva" y, sobre lo que se refiere a los menores no acompañados, han establecido que la Junta prevé "extremar la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales", añadiendo que "se dotarán los recursos necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público". Además, han establecido como prioridad "trabajar activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen" y hablan concretamente de oponerse a esa distribución fijada por la Ley de Extranjería que se reformó hace más de un año.

Políticamente pueden intentar hacerlo pero el incumplimiento de una ley orgánica tiene consecuencias como son sanciones económicas y multas de responsabilidad penal y civil, de daños, etcétera. Es decir, que cada uno de esos consejeros o incluso los responsables que firmen algún tipo de decreto, que se nieguen al reparto de esos menores desde los territorios de la frontera sur a Extremadura, se podrían enfrentar a consecuencias en los tribunales.